LAS MENTIRAS DE LA HUELGA

Los taxistas pretenden paralizar la economía española con sus movilizaciones. La estrategia recuerda mucho a la que utilizaron los estibadores: chantajear a la población con fuertes quebrantos económicos para lograr que los políticos consoliden o incrementen sus privilegios jurídicos. El argumentario empleado es bastante sencillo a la par que tramposo: «Vamos a la huelga para exigir que se cumpla la ley y, de ese modo, defender los intereses de los usuarios frente al abuso ejercido por los conductores con licencia VTC».

Tres son las principales mentiras de este razonamiento. Primero, no estamos asistiendo a una huelga: la huelga es una acción colectiva protagonizada por los trabajadores contra el empresario; en este caso, empero, estamos hablando de un colectivo de taxistas que o bien son autónomos o bien directamente empresarios y que están suspendiendo su actividad, esto es, estamos hablando de un «cierre patronal», algo ilegal dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Segundo, la ley no se está incumpliendo: aunque es verdad que la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) establece desde 2015 una limitación de 1 licencia VTC por cada 30 licencias de taxis y que actualmente la ratio se ubica en torno a 1/10, la LOTT impone esa limitación únicamente para la emisión de nuevas licencias VTC, esto es, todas aquellas emitidas antes de 2015 son del todo legales aun cuando se desborde la ratio de 1/30.

Y tercero, el propósito de este cierre patronal no es, ni de lejos, defender los intereses de los usuarios: al contrario, lo que busca el gremio de los taxistas es limitar la libertad de elección de los usuarios para que éstos tengan que pasar necesariamente por el sector del taxi. He ahí el injustificable nudo gordiano que nadie quiere cortar en mil pedazos: el gremio del taxi cuenta con el privilegio legal (licencias) de excluir a sus competidores; la concesión de licencias VTC durante los últimos años debilitó ese privilegio legal y ahora protestan para recuperarlo en toda su crudeza.

Pero deberíamos tratar de avanzar justo en la dirección opuesta: acabar con el anacrónico sistema de licencias de taxi para que cualquier español con una mínima cualificación pueda prestar este servicio de manera abierta, competitiva y transparente. Esto último sí sería defender al usuario: ofrecerle un amplio menú de alternativas para poder escoger la mejor y la más barata. Justo aquello contra lo que protestan los taxistas.

Juan Ramón Rallo ( La Razón )