El pasado martes, el presidente húngaro János Áder anunció que el referéndum sobre la ley de protección de la infancia tendría lugar el 3 de abril, precisamente el mismo día en el que se van a celebrar las decisivas elecciones parlamentarias.

Áder tomó esta decisión después de que el 7 de enero el Tribunal Constitucional confirmase por unanimidad la decisión del Parlamento de convocar un referéndum, rechazando por infundado el recurso de anulación presentado por un demandante anónimo. Sin duda, la fecha no ha sentado nada bien a la oposición liberal, pero la reacción más furibunda, según informa el Magyar Hírlap, ha sido la de las ONG húngaras vinculadas a la red Soros.

En un comunicado firmado por Amnistía Internacional Hungría, Budapest Pride, Background Society, Labris Lesbian Association, Hungarian Asexual Community, Hungarian Helsinki Committee, Hungarian LGBT Association, Eco-Partner Foundation, Prism Transgender Community, Rainbow Families Foundation, Society for Freedoms y Transvanilla Transgender Association, las ONG calificaron el referéndum como un vil acto de odio que condena al ostracismo a las minorías de género y que viola la dignidad de las personas LGBTQI.

Las asociaciones han pedido a sus simpatizantes un voto nulo en el referéndum, porque un voto nulo es una garantía de que “todos podemos vivir en seguridad e igualdad en Hungría”.

Sin embargo, el referéndum no tiene nada que ver con el odio y sí con la prohibición de la propaganda LGBTQI y la ideología de género en las escuelas, y con las restricciones a los contenidos sexuales a los que pueden acceder los menores.

Y, como siempre que se incide en los problemas causados por lo políticamente correcto, la respuesta del progresismo es su negación. Este caso no ha sido distinto y el argumento esgrimido es que la propaganda LGBTQ en Hungría es un problema falso porque es inexistente y nadie quiere influir en la orientación sexual de los niños. La realidad es muy distinta.

Lo cierto es que ya en 2012 la Hungarian LGBT Association (Asociación LGBT Húngara) había exigido la inclusión en el plan de estudios “de la orientación sexual y la identidad de género de una manera prominente en las distintas asignaturas”.

Al no contar con el apoyo del Ministerio de Educación, algunas de estas asociaciones han optado por las actividades extraescolares. Por ejemplo, en 2013 y 2014 la Labris Lesbian Association, financiada por el “Fondo Noruego de Apoyo Civil”, celebró conferencias en casi una veintena de instituciones educativas bajo el programa “Gayness and Cognition”.

Más recientemente, en agosto de 2021, el diario conservador Magyar Nemzet informaba sobre los programas de sensibilización impartidos en la Escuela Secundaria Illyés Gyula en Budaörsi. Las charlas se llevaron a cabo sin el conocimiento de los padres, puesto que el programa sólo fue anunciado en Facebook, y la participación para los alumnos, a partir de 13 años, fue obligatoria. El periódico también informaba de otros dos casos similares en Budapest.

En este mismo mes, la Background Society (anteriormente conocida como Background Society for Gays), que se define a sí misma como “la organización LGBTQI más grande y antigua de Hungría en el mundo”, está anunciando una conferencia en línea titulada “Chemsex” en su página de Facebook.

La conferencia esta orientada sobre todo para “profesionales”, pero es un evento público en el que cualquiera puede participar sin restricciones de edad. Según la asociación, el programa está organizado por un “experto” que aboga por la liberalización y el uso de drogas: “El chemsex es principalmente para chicos gays y bi, y el consumo de drogas centrado en relaciones entre hombres.

Al hacerlo, las drogas estimulantes (sobre todo metanfetamina, GHB y mefedrona) se usan durante el sexo grupal para mejorar la experiencia en reuniones que duran horas o incluso días”.

Precisamente un título sobre el “Chemsex” estaba entre los libros distribuidos a varios institutos de Castellón por el ayuntamiento progresista de la ciudad, unos libros que fueron denunciados por la asociación de Abogados Cristianos, pero que desgraciadamente son aplaudidos o consentidos por los gobiernos socialpopulares.

En España no importa la protección de los menores ni que se les permita crecer libres de adoctrinamiento, a los padres no se les quiere permitir ni siquiera el derecho a decidir que charlas reciben sus hijos.

Sin embargo, es en Hungría, el país al que los grandes medios y la élite de Bruselas cuestionan por su falta de “valores democráticos”, donde el próximo 3 de abril los húngaros podrán decidir que este tipo de contenidos sólo esté al alcance de los adultos.

Álvaro Peñas ( El Correo de España )