La política lingüística española constituye un auténtico disparate a nivel mundial. En ningún país, ni democrático ni dictatorial, se priva de sus derechos a los hablantes de una lengua mayoritaria. En los lugares civilizados, donde además de esa lengua mayoritaria existen lenguas minoritarias, se atribuye a sus hablantes los derechos que la UNESCO recomienda.

Es decir, el derecho a recibir en su lengua materna la educación y a lo sumo la de relacionarse con las administraciones en su lengua minoritaria. Por supuesto, la concesión de estos derechos no supone obligación alguna para los hablantes de la lengua mayoritaria (salvo la tributaria de sufragar los gastos administrativos) y mucho menos la pretensión de imponerles la lengua minoritaria de turno según el territorio donde residan.

Aquí, catalán, valenciano, gallego, el vascuence reinventado en euskera-batua, no se consideran lenguas locales, ni lenguas regionales, ni lenguas minoritarias, que es lo que son. En España, los imperialistas castellanos, los Borbones o Franco han sido quienes han perseguido estas lenguas hasta convertirlas en lenguas minorizadas.

Por ello es preciso normalizar lingüísticamente los territorios donde hay lenguas dizque “propias” para recuperarlas. Para ello, todo el que pase por allí debe aprender la lengüita de marras, recibir la educación en la lengua minorizada correspondiente, sustituir todo topónimo en español, utilizar como lenguaje administrativo preponderante la lengua local y subvencionar a troche y moche su uso comercial y privado.

La realidad es que nunca ha existido persecución alguna. Si en Italia el italiano se convirtió en la lengua común de todos los italianos en apenas un siglo, en España la evolución del castellano hasta convertirse en español, la lengua común de todos los españoles, viene desde muy atrás, desde la época de la Reconquista en que poco a poco fue usándose como lengua franca entre los habitantes de los reinos hispanos y adoptándose su uso general por motivos de utilidad comercial y administrativa a medida que se formaba el Estado moderno. 

Hoy, aquellas lenguas que con el tiempo quedaron relegadas a determinados territorios y no evolucionaron, no son siquiera comunes a todos los valencianos, gallegos, vascos o catalanes, cuya lengua común sí es el español, son, como las define la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, lenguas empleadas tradicionalmente en un territorio de un Estado por un número inferior al resto de la población de ese Estado.  

Y aquí es donde radica el problema lingüístico en España, pues es ajeno a cualquier consideración cultural. Quienes niegan la Nación española, niegan la existencia del español y aspiran a eliminarlo como lengua común con la disculpa de proteger esas lenguas dizque minorizadas.

Las lenguas regionales son usadas políticamente para este fin, y más que lenguas minorizadas, en España las han convertido en lenguas mantenidas. La mantenida, tradicionalmente era aquella señorita, generalmente de buen ver, que vivía a cuenta de un señor que le ponía pisito, pagaba sus gastos y la visitaba de vez en cuando para pasar un buen rato.

Pues bien, las lenguas que llaman minorizadas disfrutan en España de un régimen análogo gracias a que son mantenidas con abundante dinero público y las normativas que imponen su uso en la administración pública y en la educación.

En efecto, en vez de cátedras para su estudio, se crearon Reales Academias para suplir la falta de evolución natural en su uso. En vez de introducir una asignatura de lengua regional y crear una línea educativa voluntaria para aquellos que las tenían como lengua materna, se impusieron obligatoriamente en los panes de estudios como lengua vehicular.

En vez de garantizar el derecho del que quisiera dirigirse a la administración local y autonómica en su lengua regional, se cambió el idioma administrativo adoptando como principal o, muchas veces, exclusivo, el uso de la lengua regional.

No se trata pues de garantizar los derechos de los hablantes de las lenguas minoritarias, no se trata siquiera de violentar la libertad de los hablantes de la lengua mayoritaria para evitar que desaparezcan, se trata de eliminar el español como lengua común y abrir paso a la confederación de mininaciones, cada una con su lengua propia y ninguna con el español como lengua nacional común.

Cataluña con catalán, Galicia con gallego, Baleares con catalán, Castilla con castellano, País Vasco con euskera,  Navarra con euskera, Aragón, con aragonés/chapurriau, Asturias con asturiano/bable, y no lo duden Andalucía con andalú, Extremadura con extremeño/castúo, León con lliones, Canarias con canario, Cantabria con cantabru, Ceuta y Melilla, pues con árabe y Madrid, ya puestos, castizo, para Murcia, La Rioja y Castilla-La Macha, algo habrá que inventar, seguro que por ahí habrá algún dialecto que convertir en lengua cooficial con Real Academia y tal, sólo es cuestión de pasta y de ponerse a normalizar.

Tener una lengua mantenida viste mucho hoy en España. Dirán ustedes que las mantenidas no son las lenguas, sino los que viven a su cuenta, aciertan.

Mateo Requesens ( El Correo de España )