La ‘ley Celaá’ llega al Tribunal Constitucional en la que debía ser claramente su primera parada, pues acumula tantos déficit democráticos en su articulado y tramitación que es imposible que no terminara allí.

No solo nació sin el más leve intento de consenso político sino que se amordazó a la comunidad educativa excluyendo su voz referencial.

Además, el texto contraviene el artículo 27 de nuestra Carta Magna y el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos, anula ‘de facto’ la pluralidad educativa y discrimina el modelo especial impartido por centros específicos.

Mientras se dirime si es o no constitucional, sí es constatable que la ley es, además, muy mala, porque persigue con revanchismo sectario el modelo concertado y aplica una versión del famoso «que nadie se quede atrás» del sanchismo al trivializar el esfuerzo y el mérito, pues no hay límite de suspensos para ir pasando los cursos.

Es de esperar que esa calamidad legislativa no pase la criba del TC.

Está en juego la libertad.

ABC