Patente de corso para delinquir desde el Gobierno, como hasta ahora, pero eliminando incómodas libertades de la investigación periodística. ¿Corruptelas con desaparición de 9.000 millones de euros durante el 2018, como acaba de ratificar el Tribunal de Cuentas; pactos con los enemigos del Estado; prevaricación permanente con malversación de caudales públicos; alta traición como la sospechada en los tratos con Marruecos…?

Amenazar a los medios libres de comunicación es obligado por la inercia de delitos acumulados, encubiertos por el sectarismo que intoxica a la Justicia. Los secretos oficiales que pretende proteger el anteproyecto de ley que instaura la censura en nuestra democracia,  son en realidad los crímenes de Estado cometidos por el sanchismo, los de ahora y los futuribles, que necesitan mayor ocultamiento para garantizar la impunidad del oscurantismo con que se está desmantelando el Estado de Derecho.

A estos marrulleros, sospechosos de conculcar todo el código penal, sospechosos pese a la intervención de la Justicia y la prostitución de los medios de comunicación afines, no les basta con adulterar instituciones u organismos como el CNI  el INE, el CIS, empresas como INDRA, o  asaltar el Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial para disimular las pestilencias del psicópata monclovita y la banda terrorista que lo secunda en los ministerios; no es suficiente minimizar y ningunear las sentencias firmes de los ERE contra la acostumbrada corrupción del partido político más putrefacto de Europa, desde sus delictivos inicios; no hay límites en el marrullero trepa de saunas, doctor cum fraude, el miserable que en cuatro años ha sembrado muerte, caos y miseria.

Para encubrir las basuras personales y políticas, continuar con el plan golpista por método de implosión, estos aberrantes traidores a la humanidad han de atacar a los medios de prensa, radio y televisión que pueden desvelar el barrizal de pravidad en que se baña a diario el desgobierno criminal que ha secuestrado España.

Cuanto más se avanza en los planes al descubierto del miserable Sánchez, más evidente se descubre la necesidad del totalitarismo para coartar las libertades; en tanto se debilita a propósito la resistencia que provee el bienestar de familias ahora esquilmadas con dictadoras medidas impositivas, es obligada la coacción  para evitar un previsible estallido social a medida de las informaciones que la prensa libre provee para que se conozca el cariz delictivo, las aviesas intenciones  del sanchismo y sus cómplices bien pertrechados de los recursos del Estado que ,repartidos sectariamente, están arruinando a todo el país. La libertad de información es un riesgo que los delincuentes con poder procuran extinguir.
El anteproyecto de ley acerca de secretos oficiales coloca un silenciador en la escandalosa pistola que empuña el sátrapa presidencial, quien ya apunta directamente a la cabeza de la democracia.  Queda por ver si se le vuelve el cañón y acaba reventando la intención liberticida que intenta, por todos los medios sucios al alcance, mantenerlo en la poltrona, no sea que cuando no pueda comprar con dinero público la impunidad del crimen acabe juzgado y encerrado.
Decanos y maestros recelan de la pretendida Ley de Información Clasificada, claramente inconstitucional,  tal y como resultaron los confinamientos impunes de la plandemia. Los secretos oficiales del sanchismo son los mismos que a cualquier mafia le conviene ocultar para no acabar los capos en la cárcel , en función de la gravedad del historial delictivo, de por vida. Se la juega el cum fraude si salen a la luz sus canalladas.
En este pulso contra la democracia, si se sabe el verdadero calibre criminal que   esconde Sánchez, a poco que España y la Justicia se recompongan, le cae la perpetua.
Ignacio Fernández Candela ( El Correo de España )