El 25 de agosto de 2015, la jovencísima –19 años– presidenta de Vox en Cuenca, Inmaculada Sequí, fue golpeada salvajemente por tres individuos al grito de “fascista”. En sendas notas de prensa, los grupos del PSOE y Podemos en el Ayuntamiento de Cuenca manifestaron, respectivamente, que: “si se demuestra que ha sido por una cuestión ideológica hay que decir que basta ya, porque no se puede atacar a nadie por sus ideas”, y que “las diferencias políticas, por profundas que sean, no pueden ser excusa para la agresión física».

Desde luego, no quedó duda alguna de que el ataque fue por razones ideológicas, a pesar de la reserva expresada por el PSOE. Una reserva, por cierto, que no ha sido observada jamás por ese partido a la hora de acusar falsamente a Vox de todo tipo de tropelías. Del mismo modo, como veremos, en adelante ya no se oiría a Podemos condenar más atentados contra Vox.

El 7 de noviembre de 2019, la candidata de Vox por Vizcaya al Congreso, Nerea Alzola, fue atacada a patadas y puñetazos en Sestao por una jauría de “abertzales”. Es decir, simpatizantes ETA y de los socios de gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez.

Esto sucedía después de una campaña de odio contra Vox emprendida por los partidos y medios de comunicación zurdos y separatistas. Escribía Santiago Abascal en Twitter: “El País, el PNV y Sánchez ya han conseguido lo que querían: nuestra candidata en Vizcaya ha sufrido hoy una agresión en Sestao por parte de individuos que la han pateado y dado puñetazos en el estómago. Se han dado P.R.I.S.A en cumplir las órdenes de vuestro editorial. Tomamos nota”.

El mismo día, en un “debate” en La SectaMaría Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda en funciones y candidata del PSOE por Sevilla, eludía condenar la agresión empleando la argucia de acusar a los demás de sus propios actos: “Ustedes están sembrando el odio”espetó a la candidata de Vox, Rocío Monasterio. 

En semejante contexto, Monasterio verbalizó un deseo: “A mí me gustaría que hoy aquí todo el mundo condenara que a una coordinadora nuestra en el País Vasco hoy la han pateado y la han tirado al suelo porque estaba repartiendo folletos.

Ninguna de las otras candidatas –Irene Montero (Podemos); Ana Pastor Julián (PP) e Inés Arrimadas (Ciudadanos)–, ni, por descontado, la “moderadora” –Ana Pastor García–, tuvieron tiempo para tratar el ataque por razones ideológicas contra Nerea Alzola. Callaron, simplemente, porque no les interesaba que se visibilizara que la víctima era una mujer de Vox.

El 26 de junio de 2020, la diputada de Vox Rocío de Meer fue herida en la cabeza por una pedrada durante un acto electoral en Sestao. Dos días después, el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, afirmaba en Twitter: “Si la ultraderecha fake ‘informa’ de algo, casi ningún medio lo contrasta, casi todos lo publican como cierto y al día siguiente se comprueba que sólo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral. Tenemos un boquete importante en nuestra democracia”. Por supuesto, la agresión fue real, pero la insidia de Echenique obtuvo el efecto buscado: enmarañar y confundir.

Respondía Vox: «Con esta declaración miserable, lo que parece fake es tu condición humana. No condenáis la violencia contra Vox porque sois sus verdaderos instigadores, con la complicidad de medios de comunicación subvencionados y los mismos gobiernos que deberían garantizar elecciones libres».

Otro caso: El 28 de octubre de 2021, la representante de Vox en el distrito Cerro-Amate de Sevilla, Estefanía Martín, recibió una pedrada al grito “¡puta de Vox!”. No era la primera vez que Estefanía Martín era objeto de ataques. El 13 de octubre le rompieron el parabrisas de su automóvil y el 25 de septiembre le dejaron una amenaza en el parabrisas del coche que rezaba: “Puta de Vox Fuera del Barrio!! AVISADA”.

En todas las ocasiones citadas, las organizaciones feministas demostraron ser apéndices de la izquierda más sectaria y callaron. Y casi todos los medios silenciaron la agresión. El gobierno y el PSOE no la condenaron y Podemos incluso la justificó: tanto el entonces vicepresidente Pablo Iglesias como la ministra Irene Montero acusaron a Vox de “provocar”.

Unos meses antes, el 7 de abril de 2021, grupos de extrema izquierda boicotearon un acto electoral de Vox en Vallecas, lanzando numerosas piedras contra los asistentes y la Policía. Las imágenes de radicales pateando en el suelo a agentes de la ley remitían a las declaraciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el año 2012. En el ataque de Vallecas se constató la participaron de miembros de “seguridad” del partido comunista Podemos, como el conocido “Pirrakas”.

En septiembre de 2021, Vox presentaba en el Congreso de los Diputados una moción exponiendo “el odio y la violencia contra la actual tercera fuerza política de España”, mostrando una relación de 92 ataques sufridos desde la fundación del partido en diciembre de 2013. Concretamente, desde el 11 de mayo de 2014 hasta el 7 de septiembre de 2021. Ataques físicos contra sus miembros o simpatizantes; contra su propiedad (carpas informativas, sedes o vehículos); lanzamiento de piedras, botellas y otros objetos; hostigamiento, amenazas de muerte, intimidación e insultos.

Estos hechos interfirieron gravemente en las campañas electorales al Parlamento gallego, vasco, catalán y madrileño del 2021. Hasta el punto de que la Junta Electoral Central, a propósito de las elecciones al Parlamento catalán, reconoció expresamente lo siguiente: “En las imágenes facilitadas por la formación denunciante se constata que en diferentes actos de campaña realizados por sus candidatos se han producido actos de intimidación y violencia que constituyen una vulneración de los derechos consagrados en los artículos 21 [derecho de reunión] y 23 de la Constitución [derecho de participación política], y también del derecho de igualdad de los candidatos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LOREG, debe ser garantizado por la Administración Electoral”.

Añádase a lo anteriormente dicho, la flagrante y perversa instrumentalización de las agresiones homófobas contra Vox, apoyada en presunciones malévolas y calumnias, como se demostró en los sonados casos del asesinato de Samuel Ruiz en La Coruña (el 3 de julio de 2011), el famoso “bulo del culo” en Madrid (septiembre de 2021) y otros].

Por supuesto, ni el Gobierno, ni sus cómplices parlamentarios, ni los medios subvencionados a su servicio han cejado en sus campañas de odio contra un partido etiquetado como enemigo. Y los ataques no sólo continúan, sino que siguen siendo alentados por periodistas y políticos, aplicando un doble rasero descarado y nauseabundo.

Así, el domingo 20 de marzo de 2022, la vicepresidenta de Vox en Navarra, María Estévez, fue insultada y agredida en Estella, la carpa de la formación destruida y robado el dinero de los donativos recaudados. Pero éste, como otros hechos similares, son sistemáticamente tapados, silenciados y ocultados en la prensa y la radio.

Resulta evidente que en España existe un clima en el que se justifica la violencia contra ciertas personas por sus ideas. Y que la izquierda y el separatismo político y mediático son responsables tanto de fomentar como de blanquear esta violencia, justificando a los que infringen las leyes y castigando a los que las cumplen.

Para tales “demócratas”, esos que promueven el odio contra quienes les disputan el poder, por lo visto, los españoles “de derechas” pueden ser estigmatizados, agredidos y expulsados de la vida pública.

En España faltan libertad y democracia. Por eso el PSOE, Podemos y ETA votan juntos en el Congreso imponer una sola memoria a todos. 

Filípides ( El Correo de España )