Todas las biografías, incluso las de las personas bondadosas, deben pintarse en gama de grises. El ser humano es falible. Siempre habrá una mácula. En una sola vida se puede ser un héroe y un villano (a veces incluso en una sola semana).

Una persona sin aparente valía puede sorprender haciendo algo portentoso, y al revés: alguien valioso puede incurrir en un puntual error de juicio de resultados garrafales. Construir una biografía virtuosa es tarea de una vida. Para destruirla bastan minutos.

A sus 82 años, el Rey Juan Carlos se ha convertido en un personaje bifronte. Es el estadista que ayudó a España a recorrer el camino hacia las libertades de una democracia parlamentaria. Un servicio encomiable. Pero es también el ser humano que sucumbió a unas propensiones hedonistas que han opacado su figura, y que por ende generan daños colaterales a la jefatura del Estado y la institución monárquica.

Cuando menos, ha cometido errores graves a la hora de observar la ejemplaridad que demandaba su cargo. Esos resbalones morales han sido sancionados por su propio hijo, al retirarle la asignación del Estado y al renunciar a su herencia paterna. Eran medidas necesarias. También duras; y a un hombre que siente cariño por su padre hubo de dolerle tomarlas.

La legalidad tiene un problema: o la respetamos siempre; o de lo contrario, si admitimos excepciones, ya no podemos pretender que vivimos en un país reglado, en un estado de derecho donde impera la ley. Nuestras leyes, las que nos hemos dado, establecieron que la figura del Jefe del Estado era inviolable.

Puede gustar o no -personalmente creo que es muy debatible-, pero ese era el marco legal bajo el que operó el Rey Juan Carlos, lo que provoca que parte de sus comportamientos no sean enjuiciables. Sí lo son sus hechos posteriores al 19 de junio de 2014, fecha de su abdicación, y a día de hoy la Fiscalía los está investigando por posibles trapazas fiscales en un supuesto cobro de comisiones

Observar a una figura de su categoría en semejantes trances provoca bochorno y decepción. Pero al tiempo, la presunción de inocencia que disfrutamos todos debe prevalecer también con Juan Carlos de Borbón, que a día de hoy, y aunque ante el vocerío no lo parezca, ni siquiera está imputado.

Si la Justicia apreciase delitos en los comportamientos del Rey Juan Carlos no cabría componenda ni gracia alguna. Deberá recibir la misma pena que cualquier ciudadano en idénticos malos pasos. No menos. Tampoco más.

Pero lo que no se puede hacer es ensañarse con su figura y promocionar, como fomenta bajo cuerda nuestro Gobierno, que sea desahuciado del palacete de La Zarzuela, donde vive desde 1962, donde reside también la Reina Sofía y donde tiene su despacho de trabajo Felipe VI.

La Justicia nada tiene que ver con la crueldad. Expulsar de su casa a un anciano de 82 años y salud delicada en plena epidemia atiende a una operación de aliento republicano, que solo busca dos cosas: erosionar los pilares de la monarquía, dique en la defensa de la Constitución, y levantar una cortina de humo que distraigan de una mala gestión de la crisis sanitaria y económica.

Luis Ventoso ( ABC )