De veintitrés leyes urgentes comprometidas por Pedro Sánchez como imprescindibles para salir de la pandemia «más fuertes», el Congreso solo ha tramitado tres de ellas con premura. Y para colmo, una es la reforma de la ley orgánica del poder judicial para impedir al CGPJ hacer nombramientos, lo cual no tiene nada que ver con la gestión del Covid.

Esta es la consecuencia directa de que el Congreso sea rehén de los ritmos impuestos por La Moncloa, y cómplice de una estrategia consistente en manipular a la ciudadanía haciéndole creer que el Gobierno ha puesto en marcha medidas solventes -el famoso «escudo social»-, cuando en realidad casi todo es un proceso vacío de contenido que sigue empantanado.

Son leyes sometidas a una parálisis exasperante consentida por la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, quien no solo socava su papel institucional como tercera autoridad del Estado, sino que se ha convertido en la subalterna de lujo de Sánchez para actuar, ella sí, como un escudo que retenga las normas en función de los deseos de La Moncloa, o como un filtro que las agilice si esa es la necesidad táctica del PSOE.

Objetivamente, esa veintena de leyes bloqueadas no están perdidas en un enjambre administrativo y legislativo. Si no tienen impulso alguno, es solo porque Sánchez y Pablo Iglesias no quieren.

A estas alturas, es inexplicable que siga sin estar aprobada la llamada «ley de nueva normalidad» anunciada en junio; tampoco lo están las medidas urgentes avaladas en mayo para paliar las pérdidas económicas de sectores básicos de nuestro país como el comercio, la hostelería o el turismo; y lo mismo ocurre con la ley del ingreso mínimo vital o con la normativa de respaldo al sector cultural.

Todo es una fantasía de Sánchez y dos decenas de normas flotan en un limbo con nula eficacia. En cambio, sí ha tenido prisa Batet, tan solícita con las instrucciones del presidente del Gobierno, para tramitar con toda urgencia la reforma del poder judicial sin siquiera escuchar al órgano de gobierno de los jueces, o para constituir una comisión parlamentaria del «caso Kitchen» contra el PP pese a que este sumario se encuentra en plena fase de instrucción.

La mayoría de esas leyes abandonadas a su suerte provienen de decretos que sí están vigentes, pero cuyos aspectos esenciales siguen sin desarrollarse a través de nuevas normas como impone la lógica.

Para ver convalidados esos decretos, Sánchez se comprometió con los grupos parlamentarios a tramitarlos como leyes urgentes para que la oposición pudiese introducir enmiendas, o al menos para que se pudiesen debatir públicamente. Pero casi todo está varado. Ya lo advirtió en otoño el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuando reprochó al Gobierno haber dejado en el olvido toda una batería legislativa indispensable contra la pandemia.

Aquí solo se agilizan una ley sectaria de educación, una norma contra la vida como la eutanasia, un ataque a la separación de poderes, mucha «memoria democrática» y, desde luego, una prolongación anómala del estado de alarma con el que justificar el sometimiento absoluto del Congreso y una «cogobernanza» autonómica averiada.

Después, Sánchez y sus ministros presumen de democracia, cuando en realidad el grueso del «plan de reconstrucción y resiliencia» es una farsa arrumbada en los cajones de la mesa de Batet para administrarlo con cuentagotas, porque ni hay voluntad política, ni hay dinero.

Los Presupuestos ya han quedado obsoletos en el primer mes del año, pero Sánchez solo paraliza el Congreso y se refugia en el engaño sistemático a los ciudadanos.

ABC

viñeta de Agustin Muro