Hace días que el repunte de los contagios por coronavirus en España dejó de ser puntual y que cada rebrote es preocupante. El aeropuerto de Madrid Barajas, pese a las advertencias de la Comunidad de Madrid al Gobierno, es un coladero sin las más básicas medidas de seguridad sanitaria. Los rastreadores para indagar y cortar de raíz cualquier avance de la pandemia no funcionan.

No hay pruebas diagnósticas PCR en los lugares de origen de los viajeros que llegan a España, y en muchas de las multitudinarias actividades de ocio veraniego, especialmente nocturnas, no se respetan distancias y el uso de las mascarillas es a menudo minoritario.

Además, la asistencia médica primaria empieza a ser una fuente de colapso en algunas provincias. Se ha confirmado que en lugares como Cataluña y Aragón hay una transmisión comunitaria del virus, y poblaciones como Totana, en Murcia, han regresado al confinamiento de la fase 1. En Aragón, ya están contagiados 157 de cada 100.000 habitantes, y las cifras oficiales de enfermos son similares a las de principios de mayo, para decepción de todos.

Más aún, Francia ha recomendado a sus ciudadanos no viajar a Cataluña, y otros países sopesan medidas similares. La situación no es ni mucho menos tan dramática como lo fue en marzo o abril. Es cierto que la capacidad mortífera del coronavirus es menor, pero el grado de contagio se ha elevado en las dos últimas semanas y muchos expertos están advirtiendo ya sin ambages que España se encuentra en una segunda fase agresiva de la pandemia. La pregunta que cabe hacerse es por qué seguimos sin aprender lecciones elementales del pasado reciente.

El Gobierno, que consideró imprescindible imponer el estado de alarma durante tres meses y asumir el mando único frente al virus, deja ahora que cada comunidad regule a su manera la réplica a los rebrotes. Hay una enorme confusión, e incluso inseguridad jurídica para muchos trabajadores, autónomos, comerciantes y empresarios a los que cada día se les dice una cosa y su contraria.

España no puede volver a un confinamiento total porque el cierre de la economía ya no sería demoledor, sino una ruina fulminante. Es imprescindible mantener la coherencia y economía en términos que permitan a los sectores productivos promover la recuperación, y solo es necesario que los ciudadanos aumentemos nuestra responsabilidad individual y colectiva.

No es de recibo que la irresponsabilidad de unos pocos ponga en jaque la seguridad sanitaria, y económica, de todos. El Estado debería ser ejemplar contra quienes contravienen las normas. Las sanciones no pueden ser solo una amenaza, ni el incumplimiento de la legalidad una bicoca para los irresponsables. No es ninguna broma.

El virus persiste y los contagios masivos siguen siendo una amenaza contra la que estamos obligados a protegernos sin empobrecer más el país.

ABC