El espíritu de las leyes hace tiempo que ha abandonado al cuerpo social y éste está tendido inanimado.  Cuando el Estado desaparece como elemento protector de los derechos individuales deja de ser de Derecho para convertirse en “de la naturaleza”, en cuya circunstancia quien más fuerza tiene, o quien menos moral heterónoma ejerce, o quien se toma la justicia por su mano, logra imponerse por la acción de los hechos o de la fuerza.

Eso es lo que está ocurriendo en Cataluña. El Estado de Derecho está ausente, el Estado orgánico mal llamado “democrático” deja de tener eficacia, y las banderías feudales ejercen su poder de control, de generar miedo y temor en la sociedad y campan a sus anchas imponiendo su régimen de tiranía.    La pregunta es si esa situación justifica o legitima la autodefensa de los ciudadanos pisoteados en sus derechos y sometidos al silencio para no ser señalados como el régimen nazi hacía con los judíos.

Yo, que soy un ente individual vasconizado por imperativo legal de un régimen de pura cepa con una apariencia democrática absolutamente soez y falsaria, que ha implantado su aparato de control y de poder hegemónico, y de dominio por los siglos de los siglos, amén, sé bien como se las gastaban los “chicos de la gasolina”, en palabras del finado Arzallus, que Dios le tenga en su gloria pese a no merecérsela.  Pues bien, comprendo perfectamente la situación en Cataluña con los CDR, que es totalmente asimilable a aquellas hordas que quemaban las calles y perseguían al disidente.

Los CDR han salido a la calle con antorchas con una simbología de fuego que enciende las hogueras de una nueva inquisición del siglo del Globalismo; como hacía el Ku Kux Klan en pura vorágine racista en la América segregadora de los negros.

O como hacían los “camisas pardas” en la Alemania Nazi. Con toda la simbología coactiva y coercitiva para que nadie se mueva en la dirección de la familia del niño de cinco años de Canet del Mar cuyo pecado es acogerse al paraguas de salvaguarda de los derechos del niño por sentencia judicial;  a educarse en la mísera limosna del 25 % en castellano, cuando tiene derecho al 100% de acuerdo al artículo 3 de la C.E.; y a ser protegido su Interés Superior del Niño en su lengua materna, tal como predica la UNESCO y la Declaración de los derechos del menor suscritos por el Reino de España y no cumplidos; porque el Estado está ausente mientras Sánchez se pregunta ante el espejo quien es el más guapo del mundo.

No es admisible tanta extorsión, atropello a los derechos individuales e insumisión a los jueces y a las leyes.  En cualquier país medianamente democrático, incluso en algunos del área hispana no incorporados a la Agenda del Foro Sao Paulo —ahora Grupo Puebla en cuya cúpula está nuestro expresidente Zapatero—, esto sería inaudito, e intervendría la Fiscalía del Estado, y los pasmados defensores del pueblo o la judicatura, de oficio.

No es de recibo que los ciudadanos estemos en esta Edad Media post moderna en la que los caciques de turno manejan a sus aparatos “paramilitares” para reprimir cualquier expresión de defensa de derechos individuales. Y que los derechos estén supeditados a entelequias a las que visten de ropajes de derechos colectivos realmente inexistentes y que no tienen ningún valor práctico para la sociedad salvo llenar determinados bolsillos que viven del cuento lingüístico y otras patrañas.

En algún momento este país, que ha dejado de serlo para convertirse en puzle de descomposición, debe recuperar su sentido del ser y debe articularse en un Estado que no sea fragmentario, para ser lo que todo Estado aspira a ser, es decir una administración que funcione al servicio de los ciudadanos y no de determinadas sectas que se han hecho con su control y dominio.

Ernesto Ladrón de Guevara