El Consejo de Ministros ha aprobado los indultos a Oriol Junqueras y al resto de condenados por el 1-O que aún permanecían en prisión, en contra del criterio unánime de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la Fiscalía.

La coartada del Gobierno ha sido la «utilidad pública» del perdón a los sediciosos, un argumento decimonónico que la propia Sala Penal se encargó en su informe de reconducir al restablecimiento de la legalidad y al cumplimiento de los fines de las penas.

A nada de esto contribuyen unos indultos que perturban gravemente el equilibrio constitucional de los poderes públicos, ofenden a una gran mayoría de ciudadanos y benefician a unos delincuentes que no han pedido perdón, y que se ratifican en el mismo objetivo anticonstitucional de siempre. Así lo reiteró el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, quien exigió amnistía y referéndum como réplica a la medida de gracia.

Fundar estos indultos en la «utilidad pública» es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y una burla al Tribunal Supremo. La utilidad pública reside en los principios constitucionales, en el cumplimiento de la ley y en el respeto a las sentencias judiciales.

Estos indultos no son esa medida de gracia excepcional y restrictiva a la que se refieren la Constitución y la jurisprudencia, sino una decisión partidista que esconde un indulto general de los que prohíbe el texto constitucional. Por esto, y porque hay que despejar la duda, entre otras, de si la sedición se puede indultar, es necesario que los perdones a los sediciosos sean revisados por la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Si la utilidad de los perdones es «pública», pública habrá de ser también la legitimación para recurrirla, porque dejan sin efecto una condena dictada tras un proceso ejemplar y desarman al Estado para futuras intentonas secesionistas.

Nadie puede ni debe dudar de que estos indultos son un aperitivo para el nacionalismo insaciable. El engolado discurso de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros demostró que o no conoce a los nacionalistas o toma por ingenuos a los españoles.

Su cesarismo es insoportable en una democracia parlamentaria. Por más que Sánchez pretenda construir una realidad virtual a la que todos los ciudadanos deban rendir culto, no habrá convivencia ni normalidad con un separatismo que canta victoria por esta rendición del Estado gracias al Gobierno.

¿Qué motivo van a encontrar en estos perdones los dirigentes nacionalistas para no perseverar en su empeño de la autodeterminación unilateral? De la misma manera que el Estatuto soberanista de 2006 era una estación de paso para los separatistas, los indultos concedidos ayer son un meta volante del permanente conflicto que provoca el nacionalismo.

Sánchez no pasa página, ni empieza una nueva etapa para España. Retrocedemos a octubre de 2017, pero en peores condiciones que entonces, porque ahora hay un Gobierno desleal con la Constitución, una sentencia deslegitimada por el presidente del Gobierno, un Código Penal zarandeado, y una percepción europea adversa para el interés nacional de España.

Es más, queda registrada esa paridad entre España y Cataluña, tan querida por el separatismo, a quien el Gobierno regala la representación de todos los catalanes. Hay una utilidad, en efecto, en estos perdones: los votos que suman Sánchez y todos sus ministros con el apoyo de los separatistas. ¿Habrían sido indultados los presos si Sánchez no dependiera en el Congreso de ERC?

La respuesta es evidente y descarga sobre todos los ministros la losa de la corresponsabilidad por esta burla.

ABC