El veto del Gobierno para que el Rey no presida hoy el acto de entrega de diplomas a la nueva promoción de jueces en Barcelona ha terminado por indignar y rebelar a la judicatura. Lógico. Aún nadie del Gobierno ha explicado -y España vive en una democracia- quién tomó la decisión y por qué se ha forzado a la Casa Real a renunciar a un acto que no solo es tradicional, sino que tiene un simbolismo especial vinculado al escrupuloso respeto de la Corona por la separación de poderes.

Se trata de un desdoro inédito por parte del Gobierno cuyo objetivo final es ir marginando a la Corona para que nada altere el humillante proceso de cesiones al independentismo. El desprecio y la insensibilidad mostrados por Pedro Sánchez encontró ayer su argumento más falaz en las palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien alegó que «tenemos que proteger a la Monarquía», y que «hubo todo un paquete de razones» para obligar al Rey a renunciar al acto.

Si proteger al Rey consiste en apartarlo para satisfacer al secesionismo, es que este Gobierno no entiende el alcance de la Monarquía parlamentaria como base de nuestro sistema de convivencia. Campo fue el ministro que desveló en el Congreso «un nuevo proceso constituyente», y ahora es quien afirma que «hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro». La tesis nunca puede ser aceptable si los «sacrificados» son Don Felipe y el sentido institucional del Estado, y si lo «más seguro» son los indultos y la desactivación del delito de sedición.

Sostener que el Estado cede ante las coacciones del independentismo para garantizar la seguridad del Rey es humillante por dos motivos: por claudicar ante unos chantajistas, y porque no es creíble que el Gobierno sea incapaz de asegurar la integridad física del Jefe del Estado. Solo faltaría.

En realidad todo es una burda mentira para justificar una estrategia progresiva de arrinconamiento de la Monarquía. Cuando el Gobierno pretende excusarse, hace lo contrario y se delata. Ya lo dijo Pablo Iglesias: su objetivo es la desaparición de la Monarquía

Y lo más peligroso no es que él lo diga, sino que Sánchez lo aplauda, como hizo ayer Miquel Iceta, líder del PSC, al favorecer la anomalía democrática de ocultar al Rey cuando crece la sospecha de que Joaquim Torra va a ser inhabilitado.

Para certificar su campaña de acoso a la judicatura, Sánchez forzó ayer una fractura en el Consejo General del Poder Judicial imponiendo a los vocales progresistas que no respaldaran una condena de los jueces por el veto a Don Felipe. Solo hubo acuerdo para que Carlos Lesmes lamente en su discurso la ausencia del Rey.

Pero es insuficiente. Sánchez no es quién para arrogarse la propiedad del Estado porque, aunque lo crea, él no es el Estado.

ABC