LOS LEGULEYOS.

De qué se puede hablar sino del desafío secesionista: la esfera pública española se ha convertido en un bucle monotemático a la espera de que se desencadenen, o dejen de desencadenarse, los acontecimientos del primero de octubre. ¡La tensión es máxima! Es verdad que el propio independentismo no parece creer mucho en ese non plus ultra, a juzgar por el relato que se ha hecho del encuentro entre Oriol Junqueras y Pablo Iglesias: salvo que el interés del primero por el futuro del Gobierno central se plantee ya bajo la óptica de las relaciones exteriores.

 Todo es posible en el marco de esta conversación delirante: incluso que los medios de comunicación hablen del desacuerdo entre Junqueras y Puigdemont acerca del hipotético ejército catalán como si tuviera alguna relación con la realidad. Pero nada más expresivo del actual estado de cosas que la Ley de Transitoriedad registrada hace unos días en el parlamento catalán.

Huelga decir que la ley no se ha aprobado todavía ni se sabe cómo se hará tal cosa: el suspense procedimental ha sido un elemento central al pruces desde su comienzo. El rumor de que el frente separatista podría recurrir a un decreto parlamentario con el fin de no dar tiempo a que el Gobierno lo recurra ante el Tribunal Constitucional muestra, una vez más, la calculada ambigüedad que pueden permitirse quienes sólo fingen actuar democráticamente. La contradicción es evidente: se anuncia una ley que rompe a lo grande con el orden constitucional y al mismo tiempo se concibe una artimaña procesal destinada a evitar la acción del Estado. Esta forma sibilina de conducirse no deja de ser decepcionante: tanto la ley del referéndum como la de transitoriedad sugieren que el separatismo sabe muy bien que la secesión es una cuestión de fuerza.

Una de las grandes paradojas de la teoría política es que las democracias no pueden originarse en un acto democrático. ¿Cómo se constituye un censo sin un censo previo? Es imposible: establece un censo quien tiene poder para ello. Pero Cataluña ya pertenece a un régimen democrático y no puede desligarse del mismo sino mediante procedimientos asimismo democráticos. ¡Salvo que todos sus ciudadanos quisieran irse! Si así fuera, ese apoyo de hecho desembocaría en alguna solución de derecho: qué otra cosa podría hacerse. Pero no es el caso, ni mucho menos: el apoyo a la independencia, nunca mayoritario, está disminuyendo. Y no sería sorprendente que siguiera haciéndolo ahora que la soñada república catalana ha mostrado sus contornos autoritarios. Por eso se persigue una secesión de facto mediante una ley autonómica que, también de facto, implica la ruptura del orden constitucional.

Si bien se piensa, la discusión en torno a la naturaleza de las leyes ha sido una constante en el asunto catalán: quizá el reproche más habitual contra el Gobierno de Rajoy sea que responde al desafío separatista escudándose detrás de la ley. Aquí no me interesa discutir el acierto de su controvertida estrategia, sino subrayar que la legalidad democrática no es una fruslería. Las leyes no son sólo leyes, sino el resultado de un proceso político; uno conducido con arreglo a procedimientos democráticos en respeto de las garantías constitucionales. Y por eso son legítimas. ¿Se pueden cambiar? ¡Faltaría más! Para eso está la política. Pero sin saltarse esos procedimientos ni vulnerar esas garantías: para eso está la democracia.

Manuel Arias Maldonado ( El Mundo)

viñeta de Linda Galmor