La sexta ola del coronavirus ha vuelto a poner de manifiesto la coexistencia de varios debates cada vez más radicalizados y desenfocados, plagados de verdades absolutas, dogmatismo y pensamiento único. Y eso es precisamente lo que hay que evitar en una pandemia con un virus que muta de manera incierta e impredecible, y para el que de momento no hay remedios infalibles, ni preventivos ni curativos

Se trata de un debate cada vez más enconado, cada vez más intoxicado, y cada vez más tendente a manipular a la opinión pública en busca de adeptos y militantes más que de ciudadanos. De fondo, hay dos discusiones, la del límite permisible de restricción de libertades en una situación tan excepcional, y la del alcance de la seguridad sanitaria y del derecho a asegurar la salud pública colectiva.

El primero ya ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional y los distintos tribunales jurisdiccionales, y cada autonomía lo afronta con autorizaciones judiciales como mejor sabe y puede, aunque Pedro Sánchez nunca tome nota de nada. En cambio, el segundo, en esta nueva etapa de la pandemia, abre a su vez tres debates sustanciales: el de la tercera dosis y la obligatoriedad o no de vacunar, por ejemplo para poder trabajar; el de la vacunación de los niños; y el de la imposición del pasaporte Covid.

La comunidad científica avala con certezas el valor y el éxito de las vacunas diseñadas, probadas y fabricadas en tiempo récord, como nunca antes ocurrió en la historia. Su resultado, aparte de los condicionamientos morales de cada cual, está siendo efectivo. La evidencia es que la tasa de mortalidad y de dolencias severas ha disminuido cuantitativa y cualitativamente, al igual que los ingresos en las UCI. Las vacunas han sido un avance indiscutible por más que el negacionismo se afane en demostrar lo contrario.

Por tanto, si la comunidad científica mayoritaria, y con ella los poderes públicos, recomiendan la aplicación de terceras dosis a la población más expuesta por su edad, o por cualquier otro riesgo o dolencia, lo elemental es seguir vacunándose. Se trata de aminorar en lo posible el peligro del virus, y eso sí está científicamente demostrado.

Y todo, con criterios de protección del bien común, de racionalidad y observancia médica, y de lógica basada en la experiencia. Con la vacunación masiva, los contagios graves y la letalidad han disminuido, y esa no es una razón menor. Respecto a la vacunación obligatoria, países como Italia o Austria la han impuesto para poder trabajar, por ejemplo. Pero en España ese debate hoy es impensable, y no se ha abierto porque legalmente no puede forzarse a nadie sin una reforma constitucional.

La vacunación de los niños está repleta de matices. Se ha demostrado que o son más inmunes que los adultos, o que la transmisión tiene en la inmensa mayoría de los casos consecuencias leves. Pero en efecto, se contagian y pueden contagiar.

De cualquier modo, con sus pros y sus contras, y respetando la libertad de padres y tutores, el criterio científico mayoritario sostiene que vacunando a los menores de 12 años los beneficios para la colectividad serán mayores que los daños. El binomio ‘a más vacuna, más seguridad global’ ha quedado probado durante el último año.

Sostener que los niños se convierten así en conejillos de indias porque se les inocula un virus que puede ocasionarles enfermedades alternativas, incluso coronarias, es alentar un discurso del miedo inaceptable. Como todo en medicina, siempre hay excepciones y ningún organismo reacciona igual que otro.

Pero declarar la guerra a la vacunación masiva es irresponsable, y muchos argumentos de quienes lo hacen caen por su propio peso porque están repletos de bulos y medias verdades, cuando no de mentiras categóricas.

En este contexto, también la exigencia del pasaporte Covid es admisible siempre que se haga de modo convenientemente regulado -no lo está aún en España por la indolencia del Gobierno para dotar a las autonomías de herramientas clave- y, sobre todo, siempre que se acometa de modo coherente y sin penalizar a unos sectores empresariales en detrimento de otros

El pasaporte necesitaría de un criterio legal común que hoy no existe en España, y eso es responsabilidad del Gobierno, que debe dejar de descargar en cada autonomía una responsabilidad sobre salud pública que debe ser estatal y ser asumida en una ley de pandemias.

Rebelarse contra la realidad es absurdo: el virus sigue ahí, y en cada ciclo daña de una manera distinta. Pero si algo han demostrado estos dos años de lucha global es que solo se aminoran sus efectos con responsabilidad individual y colectiva y, desde luego, con vacunación masiva.

ABC