LOS MUERTOS NO DESAPARECEN, AUNQUE SE OCULTEN

«Nos quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora». Esta sola confesión bastaría para desacreditar a Fernando Simón si a lo largo de estos tres largos meses de estado de alarma no hubiese demostrado en más de una ocasión no solo su negligencia, sino su catadura ética a la hora de referirse -o ignorar- a las víctimas de la Covid-19.

Tras haber cambiado varias veces de metodología de recuento de fallecidos -en una de ellas desaparecieron de la lista 2.000 personas- y después de 12 días sin actualizar las estadísticas de muertos por la pandemia -algo insólito e inexplicable para la comunidad internacional-, el responsable epidemiológico del Gobierno dio la nueva cifra de víctimas mortales, que asciende, según él, a 28.313.

Simón, no obstante, tuvo que reconocer que esa cifra no incluye a las personas que murieron con síntomas compatibles con la enfermedad pero sin prueba de confirmación, algo que fue imposible de verificar durante muchas semanas debido a la incapacidad del mando único para proveer de pruebas fiables a los hospitales, los centros médicos y las residencias de ancianos.

Y miente al repetir, como hace también el ministro Illa, que ese es el criterio de la OMS, ya que el organismo sanitario internacional no exige que deban ser incluidos solamente aquellas víctimas a las que se les hizo una prueba, sino que habla de una «muerte resultado de una enfermedad clínicamente compatible, en un caso probable o confirmado de Covid-19″.

Por eso, no le queda más remedio que admitir que puedan ser también víctimas del coronavirus «un porcentaje no excesivamente pequeño» de las cifras que aportan institutos dependientes del Gobierno como el INE (47.998), el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (43.340), o la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios (43.985).

La única explicación para este despropósito, que supone un insulto irrespetuoso a las víctimas, a sus familiares y, por extensión, a toda la ciudadanía, es de motivación política.

Conscientes de que su falta de previsión a la hora de tomar medidas de precaución y su incompetencia como gestores han convertido a nuestro país en uno de los que presenta mayores índices de letalidad en todo el mundo, no han dudado en manipular las estadísticas y ocultar datos para intentar acallar las críticas, blanquear su gestión, amortiguar el desprestigio internacional de nuestro país y evitar tener que rendir cuentas ante la Justicia.

Pedro Sánchez ha ido incluso más lejos con afirmaciones triunfalistas tan inaceptables como la de haber salvado la vida de 450.000 personas gracias a su política de férreo confinamiento.

Pero a este Gobierno le será difícil esquivar la realidad a pesar del esforzado y militante trabajo de ocultación de Tezanos a través del CIS. Y es que, el Gobierno español es el peor parado en la encuesta del Parlamento Europeo, que mide el grado de satisfacción de los ciudadanos con la gestión de la crisis. Un 63% se declara insatisfecho con el Ejecutivo de Sánchez.

Y ese dato no lo pueden manipular.

El Mundo