El Gobierno no ceja en su empeño de someter a los órganos supervisores de la economía. Lo intentó con el Consejo General del Poder Judicial, y tuvo que intervenir Bruselas para detener un atropello que con la complicidad de Meritxell Batet ya se ha materializado en el legislativo.

El siguiente paso era controlar el Banco de España -cuyos informes se encargan de desmontar sistemáticamente la demagogia del sanchismo- o la CNMV y la CNMC.

El Gobierno renuncia a imponer el dedazo para nombrar a sus máximos responsables, quizá por miedo a una nueva reacción de la UE, pero no a tutelarlos a través de la imposición de ‘planes de acción’ y a la amenaza de una destitución de castigo votada en las Cortes.

La izquierda no se suele sentir cómoda con los organismos que han hecho de su independencia, siempre mejorable, una garantía del juego democrático.

Al igual que los jueces, los supervisores son obstáculos para un programa de poder omnímodo, basado en la complicidad y la obediencia.

ABC

viñeta de Linda Galmor