Los peligros de traficar con España

La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa está plagada de incógnitas, riesgos y peligros sobre la forma en que afrontará la gestión del Gobierno durante lo que decida, o le permitan otros partidos, alargar la legislatura. La causa de esos riesgos y peligros es el grueso velo de opacidad que sigue encubriendo los compromisos, promesas y acuerdos que haya alcanzado con los partidos políticos que han desalojado a Mariano Rajoy de La Moncloa. En ningún caso, los intereses económicos de Unidos Podemos son compatibles, por ejemplo, con los del PNV, y la consecución de pactos legislativos será un suplicio para Sánchez, si esa es realmente su intención.

Cabe la opción de que Sánchez asuma que la gobernabilidad real, fáctica, no es posible, y que utilice la atalaya de poder que representa la presidencia del Gobierno para socavar a Unidos Podemos con la mente puesta en las futuras elecciones. Lo mismo deberá intentar un nuevo PP respecto a Ciudadanos. Gobernar con 85 diputados para afrontar profundas reformas será una entelequia sin contar con los 137 escaños del PP y con los 32 de Ciudadanos. La aritmética sumaba para una moción de censura, o incluso para una eventual investidura. Pero para poco más, porque la madeja de intereses cruzados entre lo que el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba bautizó en su día como «gobierno Frankenstein» son evidentes.

Hay dos evidencias: la formación inminente de un nuevo Gobierno socialista y que, como mínimo en un año y medio, no se celebrarán elecciones salvo catástrofe para Sánchez. Bajo esas premisas, la supervivencia a toda costa en el poder es el objetivo más plausible. Sin embargo, Sánchez ha logrado los votos de un entramado de partidos incompatibles entre sí cuyo único nexo en común es la discusión de la unidad de España. Sánchez ha generado una expectativa de satisfacción global de todos los intereses en juego, consciente de que de facto estará maniatado. Gestionará un jeroglífico en el que las cesiones a los partidos separatistas y al populismo de extrema izquierda será su única garantía de supervivencia.

Atrás quedaron los días en que José Luis Ábalos, mano derecha de Sánchez, afirmaba taxativamente respecto a los partidos independentistas que «no tomaremos atajos para un proyecto del que no les escuchamos desistir. Estos no pueden ser en ningún caso aliados nuestros ni para una moción de censura». La hemeroteca es demoledora. Sánchez habló el pasado jueves de «tender puentes» a Cataluña. Habló de diálogo, pero no aclaró con qué límites más allá de la retórica de esa expresión.

Sánchez ha mantenido siempre que España debe ser una «nación de naciones», y aún habiendo apoyado al Gobierno de Rajoy con la aplicación del 155, nunca renunció a su proyecto federal del Estado. Su propuesta de reforma de la Constitución -que seguirá aparcada con seguridad- choca con la realidad. Pero es indudable que el respaldo de PdeCat, ERC, Bildu, Podemos y el PNV a la moción de censura tendrá un precio.

Nada aclaró Sánchez sobre qué cesiones está dispuesto a hacer al nacionalismo. La permisividad de Rodríguez Zapatero en 2005 y 2006 en la redacción de un nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña tumbado por el Tribunal Constitucional degeneró en la ilegal declaración unilateral de independencia del pasado octubre. Sánchez podrá ofrecer una salida similar al separatismo catalán a la que ofreció Zapatero, pero la gravedad del desafío al Estado de Derecho ya lo hace inviable. El separatismo no quiere más reformas estatutarias.

Quiere que el Gobierno anule a la Justicia, derogue por la vía de los hechos consumados el Código Penal, y quede impune el golpe de Estado dado en Cataluña. «Hacer política», lo definen como un eufemismo que nadie consigue desentrañar. Tampoco servirá ofrecer a Cataluña un pacto fiscal a medida del separatismo. Rajoy intentó explorar esa vía como solución frente a la ruptura. Pero Artur Mas y Carles Puigdemont ya habían dictado sentencia.

Tampoco Sánchez ha esclarecido sus intenciones para dar satisfacción al PNV, que acaba de suscribir con Bildu en el Parlamento vasco un proyecto de reforma de su régimen de autogobierno para regular la nacionalidad vasca con la anexión de Navarra como objetivo de futuro. Zapatero erró también con el «plan Ibarretxe». Emularlo a cambio de su pasaporte hacia la Moncloa es un riesgo que Sánchez deberá valorar porque sectores del PSOE «españolista», instalados ahora en un mutismo sobrecogedor, pueden llegar a rebelarse contra nuevas veleidades independentistas. Sánchez deberá medir sus pasos porque se hace difícil creer que el PSOE del 155 ponga a la España constitucional en almoneda.

Gobernar para contentar a todo el entramado de partidos «Frankenstein» que apoyaron a Sánchez, y hacerlo además con un PP mayoritario, pero herido en su orgullo e incapaz de calibrar aún la magnitud de su shock, obligará a Sánchez a un ejercicio de contorsionismo imposible. Con todo, el secretismo de su baza para contentar al independentismo a cambio de comprar sus votos es la más inquietante de las incógnitas a las que ahora se enfrenta España.

Manuel Marín ABC )