Aunque ‘los 6 de Zaragoza’ es un título con evocaciones heroicas y galdosianas, realmente fue el utilizado por el grupo parlamentario de Unidas Podemos para dar nombre a una jornada que ayer ensució la dignidad y el buen nombre del Congreso de los Diputados. Los tales ‘6’ son un grupo de delincuentes de ultraizquierda que fueron condenados por diversos delitos de atentado, lesiones y desórdenes cometidos en la capital aragonesa con la excusa de reventar un acto de Vox.

Que a la izquierda extrema socia de Pedro Sánchez le guste la violencia es algo que no resulta novedoso. Apoyó a Rodrigo Lanza, condenado por el asesinato de Víctor Laínez, un ciudadano con peligrosos tirantes de la bandera de España. Ha defendido a dirigentes propios, condenados por agresiones a la policía, como Isabel Serra y Alberto Rodríguez, inhabilitados para cargos públicos por eso, por delincuentes.

Es complaciente con los acosos a políticos de centro-derecha y a niños que quieren estudiar en catalán y castellano, y es muy explícita en reconocer en ETA una especie de vanguardia antifranquista. Lo lógico es que quieran acabar con la Ley de Seguridad Ciudadana y denuncien a la policía española ante las instituciones europeas por manifestarse en las calles. Ley y Policía, dos realidades intolerables para estos nuevos ‘libertarios’ y falsos demócratas.

Así, el homenaje a ‘los 6 de Zaragoza’ es un autorretrato de la extrema izquierda española como lo que es, un movimiento populista, antisistema, autoritario y antidemocrático que induce, protege y hace apología de la violencia contra los adversarios políticos, convertidos en enemigos deslegitimados y despojados de derechos.

Basta repasar el ‘panel’ de asistentes a las jornadas: familias de los condenados; Isabel Serra y Alberto Cubero, comunista que animó a «colgar» -textualmente- al Rey; la madre de uno de los matones de Alsasua que agredió a unos guardias civiles y a sus novias; y, cómo no, representantes de ERC, EH Bildu y la CUP, entre otros.

El tinglado no tenía más finalidad que la de organizar un ataque a la Justicia y a la Policía, señaladas como manufactureras de pruebas falsas, condenas injustas y persecuciones ideológicas. Son los ‘ofendiditos’ por el funcionamiento del Estado de derecho, que luego jalean sin rubor a las peores dictaduras iberoamericanas.

Empieza a ser peligrosamente normal y previsible esta izquierda incívica que cree que la violencia solo es legítima si la practica ella, y siempre que la sufra la derecha. Lo que no resulta normal ni previsible es que el PSOE, por un lado, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, por otro, hayan facilitado esta profanación de la Cámara Baja para un acto ajeno a las funciones parlamentarias y orientado a denigrar a los jueces y a los policías.

La coalición del PSOE con Unidas Podemos, con el resto del arco extremista y con el nacionalismo, está infiltrando el veneno populista en el Estado. La casa de la soberanía popular, donde nunca se permitiría un homenaje a los asaltantes ultras de Blanquerna, no puede ser vejada de esta manera y que todo quede igual. La responsabilidad de que esto suceda es directa del PSOE y de Pedro Sánchez, vendedores de la dignidad del Estado al mejor postor.

Ultras y fascistas son los que quieren someter al Estado a su ideología, los que defienden la violencia como arma política, los que no tienen adversarios, sino enemigos, y los que ven en las leyes un artefacto liberal para frenar el asalto a las instituciones. Los ultras son como ‘los 6 de Zaragoza’, fanáticos y violentos.

Y delincuentes que solo merecen el Código Penal, por más que se quieran blanquear en el Congreso.

ABC