La tramitación de la nueva ley de explosivos en el Congreso se ha convertido en una nueva batalla entre ministros del Gobierno. Esta vez, una vez más como viene siendo habitual durante la legislatura, el choque es entre la titular de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El pasado 29 de mayo, ABC ya avanzó otro antecedente de esa pugna, con el intento de Interior de marginar al Centro Nacional de Inteligencia, dependiente de Defensa, de las investigaciones sobre la financiación del terrorismo, para atribuirlas en exclusiva a cuerpos de Interior.

En esta ocasión, de nuevo Marlaska desoye las recomendaciones de Defensa para que la nueva ley de explosivos no deje puertas abiertas a ventas sospechosas de un material tan sensible a grupos terroristas.

La idea de Defensa es la paralización total de las operaciones comerciales que los vendedores de material explosivo puedan realizar si el llamado Punto de Contacto Nacional las considera sospechosas. Es decir, la paralización de las operaciones de venta cuando no se trate de un uso habitual, lógico y necesario de ese material en las distintas actividades en las que legalmente se utilicen explosivos.

En cambio Marlaska sostiene que esa paralización debe durar un máximo de 72 horas, y que si la Administración no responde, el silencio administrativo permita ejecutar la operación porque de lo contrario se estaría causando indefensión y un perjuicio económico al vendedor. Para Defensa, eso añade un peligro a la seguridad del Estado y podría facilitar el acceso a explosivos a grupos terroristas o subversivos.

Tenga razón jurídica un ministro o la tenga la otra, y más aún en una cuestión tan determinante para la seguridad de todos, lo cierto es que este episodio vuelve a abrir otra grieta en un Gobierno en permanente disputa interna.

Son nuevos indicios de que este Gobierno ha agotado sus fórmulas de éxito y de que cada ministro actúa por libre sin la necesaria coordinación que debería existir. Todos los miembros del gabinete pretenden imponer sus criterios y aprobar leyes a trompicones, y en La Moncloa se ha empezado a instalar una sensación de decadencia irreversible y de atmósfera de fin de ciclo.

Bien sea porque hay ministros ‘quemados’ en términos políticos y porque se acentúa la percepción de que podría producirse una crisis de Gobierno tras las elecciones andaluzas si el varapalo para el PSOE en las urnas es duro; o bien porque realmente el fin de ciclo empieza a acechar a un Pedro Sánchez cada vez más recluido con su núcleo duro en La Moncloa, y cada vez más impostado en la falsa euforia que pretende transmitir.

No es solo un Gobierno roto en dos mitades, entre PSOE y Podemos. Podemos está roto a su vez en dos bandos –un sector de Ione Belarra y otro de Yolanda Díaz–, y los ministros del PSOE se descomponen en cuitas internas derivadas de una tradicional falta de química de años entre ellos. En este sentido, el caso de Robles y Marlaska es paradigmático y recurrente, y ya ni siquiera La Moncloa se ocupa de ocultar, o al menos disimular, lo evidente.

Sánchez lo intentó en el Congreso respondiendo a una pregunta parlamentaria que va a agotar la legislatura y que además pretende ser el candidato del PSOE a las elecciones generales. Incluso, calificó de «absurdos» los comentarios que vienen repitiéndose en los últimos días en mentideros políticos sobre que no sería el candidato socialista en 2023 porque busca un puesto en Europa.

Se esfuerce lo que se esfuerce, el sanchismo está en declive, y su Gobierno, en guerra civil.

ABC