El Gobierno presentó ayer la nueva Ley de Equidad Sanitaria, bajo cuyo nombre solo esconde agravios y marginación de la sanidad privada.

La norma veta que la sanidad pública pueda derivar pacientes a la privada a través de conciertos y solo admite, en aras de la ‘cogobernanza’ –de nuevo la dichosa palabra preferida del sanchismo–, una colaboración mixta en «excepciones documentadas», y condicionadas a que no sea factible la gestión directa de la pública.

De nuevo Moncloa usa una norma estatal para moldear a capricho competencias atribuidas a las autonomías, condicionar el funcionamiento de los hospitales, estigmatizar la actividad privada, y consentir colapsos en lugar de ayudar a corregirlos desde la lógica.

No es creíble que esta norma se apruebe en aras de la eficacia o de la reducción de las listas de espera.

Se trata más bien del enésimo discurso ideológico contra la derecha ‘privatizadora’, aunque sea a costa de la tardanza en atender la salud de miles de españoles.

ABC