El agujero provocado en las cuentas públicas por la parálisis de la economía ha llevado al Gobierno a tomar el camino más corto para tratar de taparlo: recaudar más, siempre a costa del contribuyente y las empresas, motores de la recuperación a través del consumo y el empleo.

Entre otras cargas impositivas, el Ejecutivo renuncia a la bajada fiscal que había anunciado para las pymes, elemento vertebrador de nuestra economía que va a carecer de un estímulo no ya para crecer, sino para remontar el profundo bache en el que ha caído en los últimos meses.

Además de eliminar buena parte de las bonificaciones fiscales -como la de los planes de pensiones, cuya desgravación inyecta liquidez a la economía doméstica- y de perseguir la riqueza con una batería de medidas cuya carga demagógica prima sobre cualquier consideración técnica, el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias ha encontrado en el IVA el filón necesario para reactivar sus políticas de gasto y sus escudos sociales. Los planes de inversión y desarrollo brillan por su ausencia. La prioridad es atender a lo que el Gobierno denomina «la gente». Que nadie se quede atrás.

Las rebajas fiscales por las que el resto de socios comunitarios han apostado para tratar de agilizar el consumo y la reconstrucción tras la pandemia dan paso en España a una presión que va a tener en el incremento del IVA su pieza clave, con los inevitables tintes ideológicos -penalización de la educación y la sanidad privadas, con el riesgo que conlleva para el sector público, ya sobrecargado- y una subida de tipos que va a recaer en el grueso de la población, sin la progresividad de la que presume el Gobierno, empeñado en combatir el desastre con una dosis añadida y generalizada de pobreza.

No puede haber peor recorte que el del dinero que maneja el contribuyente para gastar e invertir en la reactivación de una economía exhausta.

ABC