El presidente del Gobierno encarriló ayer sus segundos Presupuestos Generales del Estado tras alcanzar un acuerdo con su socio de coalición, Unidas Podemos, por el que impondrá una reforma intervencionista sobre el precio de los alquileres de viviendas, y un tipo mínimo en el impuesto de sociedades del 15 por ciento.

Estas son las condiciones que había planteado Podemos, y eran las mismas a las que tanto la vicepresidenta Nadia Calviño como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, habían opuesto resistencia. Sin embargo, ha vuelto a ocurrir lo de siempre: Sánchez cede y vuelve a claudicar ante el chantaje populista para diseñar unas cuentas públicas que no solo amenazan con ser irresponsablemente expansivas, sino que además pondrán en jaque la seguridad jurídica de los propietarios españoles con su reforma de la ley de vivienda.

Desde ahora, los dueños de más de diez propiedades serán obligados a bajar los alquileres, y además verán gravadas las casas vacías con recargos de hasta un 150 por ciento más de IBI. Habrá que esperar a la letra pequeña y a saber si las comunidades autónomas tendrán libertad para poder aplicar este golpe al derecho a la propiedad privada. Pero por ahora basta con asumir lo que hasta la propia Calviño tiene como cierto, que la reforma amenaza con ser inconstitucional desde su raíz por su inseguridad jurídica.

Así, Calviño vuelve a fracasar ante Podemos en su intento de abrir una vía regulatoria alternativa que promoviese incentivos fiscales para facilitar el acceso a la vivienda a la población más vulnerable.

Por el contrario, se opta por penalizar lo que la izquierda denomina de forma interesada como «grandes propietarios», porque de lo que se trata en realidad no es de suavizar las condiciones del mercado para nadie, sino de aparentar que solo este Gobierno, el del ‘escudo social’, combate a los ricos insolidarios, a los fondos buitre y a los terratenientes opulentos. Pero en realidad solo castiga a la clase media para reafirmar su demagogia electoralista.

Además, a Sánchez, el marchamo de aparente inconstitucionalidad de sus decisiones le resulta indiferente: cuando el TC se pronuncia siempre es demasiado tarde para todo, como ha ocurrido con la utilización indebida del estado de alarma contra la pandemia.

Desde una perspectiva puramente política, Sánchez logra un acuerdo con Podemos que, de un modo u otro, se iba a producir en cualquier caso, cediese quien cediese. Era impensable que fuesen a romper la coalición. Son dos partidos que mantienen pulsos ficticios, a menudo con apariencia de tensión interna, pero que no tienen más salida que la del pacto por la sencilla razón de que todavía no ha llegado el momento de amputar la legislatura.

De ahí la teatralización, la sobredimensión de los pulsos intestinos, y el tacticismo de simular un enfrentamiento continuo entre ambos para cultivar una pantomima. De momento, PSOE y Podemos se necesitan, y así seguirá siendo hasta que se acerquen las elecciones.

Ahora les queda por resolver el apoyo de ERC y el PNV, lo que aumentará aún más las dosis de ficción durante unas semanas. Y cuando hayan pasado el platillo para el cobro de su extorsión, bastará con que fabriquen la eterna coartada de que la izquierda social, progresista y responsable se une frente al miedo, el odio y la fractura que provoca la derecha.

No obstante, la clave de los presupuestos estará en que cuadren, porque los vigentes no lo hacen. Ni con los 27.000 millones que Sánchez calculó que nos enviaría Europa, ni con los ingresos.

De ahí, este acoso fiscal sistemático que se produce contra los ciudadanos.

ABC