La pandemia está imponiendo unas limitaciones a la libertad de manifestación de las que el Gobierno se aprovecha para poner sordina a las protestas por su activismo legislativo con la libertad de los ciudadanos. La reforma de la educación -la llamada «ley Celaá»- es un ejemplo de esta agenda legislativa alevosa del Gobierno de Sánchez, impuesta por una mayoría sectaria y escondida a la sociedad civil, especialmente a la comunidad educativa.

Resulta desolador que un Gobierno y un Parlamento democráticos se comporten de manera tan opuesta a los valores de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Sin embargo, es una forma de actuar que identifica a los autores de la ley, socialistas y comunistas, cuya prioridad en cualquier momento es intervenir en las libertades de los ciudadanos para ahormarlas a sus modelos ideológicos.

Despojado de cualquier contención socialdemócrata, el gobierno que preside Sánchez, sin vanas distinciones entre moderados y radicales, abandera un ejercicio agresivo y divisorio de la sociedad. No hay consenso porque el Gobierno no quiere consenso: quiere ejercer el poder como una sucesión de victorias sobre la media España que no vota izquierda. Mientras no se entienda esta motivación esencial de la política de Sánchez, su estrategia seguirá generando exitosamente confusión.

La historia del sistema educativo en España, desde la instauración de la democracia, está monopolizada por la izquierda, con cortos periodos de legislación de los gobiernos del PP, siempre con el freno de mano puesto a la hora de abordar la reforma de la enseñanza en nuestro país.

El dato es importante porque la «ley Celaá» no es una reforma del sistema educativo, sino el asalto definitivo para propiciar su nacionalización, con una táctica de arrinconamiento a la enseñanza concertada, pilar insustituible de la formación de niños y jóvenes nuestro país.

El objetivo es ideológico: vaciar de exigencia y excelencia la educación de futuros ciudadanos, libres, formados y críticos, para crear generaciones mediocres y predispuestas a la subvención estatal. Basta con ver lo que sucede en Cataluña con la enseñanza en castellano, a cuyo rescate ha salido el Tribunal Superior de Justicia para obligar a que se respete un mísero 25% de asignaturas en la lengua oficial del Estado.

Esta convergencia del sectarismo de izquierda con el adoctrinamiento nacionalista desprecia la realidad de que un 40% de los jóvenes españoles está en paro, la tasa más alta de Europa. Cercenando la libertad de elección de las familias, marginando el castellano en todo el sistema educativo, depreciando el valor del esfuerzo y, con él, el papel de los profesores, el futuro de España es tan oscuro como las intenciones de la izquierda gobernante con su agenda de manipulación social.

Las manifestaciones que ayer recorrieron las calles de cincuenta ciudades españolas contra la «ley Celaá» expresan también la capacidad de movilización a la que se puede enfrentar la izquierda por su política legislativa de acoso y derribo de todo cuanto signifique un modelo liberal de sociedad.

Por eso, el gobierno de socialistas y comunistas tiene prisa en avanzar en su «agenda social», no sea que la pandemia se acabe antes y los ciudadanos recuperen esa faceta esencial de su participación política que es la movilización en los espacios públicos.

Entre tanto, el Gobierno no deja a la oposición otra alternativa que la de «acción-reacción», a través de los gobiernos autonómicos que pueden ralentizar los efectos de la «ley Celaá» con una antelación del calendario de matrículas y con el ejercicio de sus competencias educativas, a las que un presidente tan sensible como Sánchez por el hecho autonómico debería respetar.

ABC