Si el Gobierno estuviese realmente más preocupado por la salud de los ciudadanos que por cualquier otra derivada del Covid-19, habría decretado hace tiempo el confinamiento de toda España. Porque es toda España, y no sólo una autonomía, la que supera ampliamente la tasa de contagios y defunciones establecida por la mayoría de los países europeos como frontera a partir de la cual se impone tomar esa medida extrema.

Estamos a la cola del mundo en el combate contra esta plaga y a la cabeza en número de muertos, infectados y mentiras. Sufrimos el peor liderazgo posible cuando más necesario sería un Ejecutivo integrado por gente preparada, ajena a sectarismos estériles.

Si su interés fuese legítimo, Sánchez se habría sentado con los dirigentes de todos los partidos y los de las 17 autonomías para acordar una actuación consensuada.

Sucede, no obstante, que tanto a él como a Iglesias les preocupa infinitamente más matar a la Comunidad de Madrid que preservar el bienestar de sus gobernados, por razones que van desde la utilización de la capital como burladero tras el cual ocultar su clamoroso fracaso en la gestión de la pandemia, hasta la determinación de hundir la economía de la región con el fin de impedir a la derecha presentarla como modelo del éxito que se deriva de aplicar políticas liberales, sin olvidar la pretensión de tomarla al asalto, vía moción de censura, como hicieron con el país auxiliados por una recua de enemigos de la Nación y la Constitución.

La jugada es tan sucia y tan burda a la vez que únicamente una intención traidora o una ceguera incompatible con el cargo que ocupa puede explicar el apoyo expreso que el vicepresidente de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha prestado a la imposición gubernamental.

Digo bien imposición, «manu militari», muy alejada del discurso buenista y «dialogante» invocado en público por el filósofo socialista en cuyas manos descansa no solo nuestra sanidad, sino nuestro sustento, amenazado de muerte por su decreto de cierre.

Una imposición basada en criterios absolutamente arbitrarios, sin refrendo científico alguno, seleccionados meticulosamente con el propósito de confeccionar un traje represivo a la medida de Madrid, dejando fuera del corsé cualquier otro territorio.

Un cerrojazo decretado de hoy para mañana con la firma de una secretaria de Estado, cuando el propio presidente aseguraba el pasado mes de abril que solamente el Estado de Alarma permitía inmovilizar a los habitantes de Madrid, convertidos en leprosos semejantes a los que en la Edad Media eran obligados a llevar una campanilla al cuello destinada a alertar a todos de su peligrosa presencia.

La misma izquierda enardecida que acusaba a Isabel Díaz Ayuso de castigar a los barrios más pobres, ignorando sus tasas desbocadas de contagios, aplaude hoy el castigo de Illa a toda la comunidad, basado en el mismo argumento pero motivos mucho más endebles.

Ni siquiera se molestan en disimular. Les puede el odio de clase, el afán de liquidar la prosperidad de una región, la más solidaria de España, que crea riqueza y empleo bajando los impuestos mientras otras se hunden en una crisis perenne aplicando la receta contraria.

Buscan arruinar a la clase media emprendedora, culpable de no votarles, en su afán de crear un sustrato de parados dependientes de esa limosna a la que llaman «renta mínima vital», caladero inagotable de voto cautivo.

No se dan cuenta, o acaso sí, de que junto a la capital matan al resto de España, estigmatizada a los ojos del mundo con el mismo cascabel vergonzante que han colgado a los madrileños.

Isabel San Sebastián ( ABC )