MENTIR NO ES DELITO, PERO ES MENTIR

La juez Carmen Rodríguez-Medel decidió ayer sobreseer provisionalmente las diligencias abiertas contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al no encontrar indicios de que incurriese en un delito de prevaricación por la celebración de la manifestación masiva del 8-M.

Poco tardó ayer la izquierda en sacar pecho por esta resolución judicial, como si se tratase de una exoneración simbólica de cualquier irregularidad cometida por todo el Gobierno. En efecto, Franco no será un delincuente en potencia, ni las pruebas apuntan a que pueda llegar a ser acusado de cualquier conducta delictiva y culposa por el ingente incremento de víctimas mortales en Madrid.

Sin embargo, durante este proceso se han producido una serie de evidencias tan delatadoras como alarmantes: la juez ha sido insultada desde la izquierda para deslegitimar su trabajo con una campaña de odio infame; se ha menospreciado a la Guardia Civil como parte esencial de las labores de la policía judicial al servicio de la magistrada; y la Fiscalía y la Abogacía del Estado se han lanzado contra la juez para desmerecer hasta sus propias facultades profesionales.

Aparte, Interior ha intervenido directamente contra la independencia de la juez en el marco de su actividad, con injerencias inasumibles en su intento de ejercer un control a distancia del proceso judicial. Negarlo ya no es posible, y en la hemeroteca quedan el ridículo hecho por el ministro Grande-Marlaska, que ha llegado a imponer una purga en la Guardia Civil y el acoso al perito forense que consideró que el 8-M fue la semilla de una «hecatombe» vírica.

La responsabilidad penal del Gobierno decae de momento, y probablemente sea cierto que Franco no contaba con prohibiciones expresas que le empujasen a desautorizar las manifestaciones feministas del 8-M. Existían dos posibilidades para él: o quedar como imputado o como un incompetente.

Y esta última opción sí ha quedado acreditada por la juez en el auto de archivo provisional del sumario. Porque no es posible negar la evidencia de que Franco, como muchos otros dirigentes del Gobierno, mintió a sabiendas.

Sabían de la rápida propagación de la enfermedad, sabían del altísimo riesgo de contagio, y disponían de alertas internas incluso para el propio personal de la Delegación del Gobierno. No es justo achacar un número exponencial de muertes personalmente a Franco.

Pero en su conciencia deberá arrastrar siempre la duda de si prohibir las manifestaciones masivas habría supuesto menos muertes. Saber en definitiva que si su conducta no provocó muertes, sí pudo evitar otras a posteriori.

Las mentiras, las suyas, como las de Marlaska, como todas las de Sánchez, Illa, Montero, Ábalos o Iglesias, carecen de relevancia penal. Pero deberían conllevar responsabilidades políticas. El 8-M era solo una coartada ideológica para este Gobierno.

No será delito, pero sí el motivo de mucho sufrimiento.

ABC