La Audiencia Nacional ha vuelto a retratar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un compulsivo de la opacidad que, inexplicablemente y de modo reiterado, se niega a ofrecer a ABC información sobre la utilización de un avión Falcon del Estado para sus desplazamientos privados.

La Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia es ya la tercera instancia judicial que da la razón a ABC sobre el derecho de acceso a una información que debería ser pública, que no compromete la seguridad del Estado, y que no supone ninguna carga añadida de trabajo a la Administración.

De este modo, la Abogacía del Estado, convertida una vez más en la abogacía del Gobierno, ha vuelto a sufrir un varapalo jurídico muy contundente que, por desgracia, solo contribuye a dañar aún más la imagen de una institución que está perdiendo prestigio a chorros desde la llegada de Sánchez al poder.

Hace dos años, ABC quiso recabar datos a través del Portal de Transparencia sobre los medios de transporte aéreo utilizados por Sánchez entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2019. Por entonces, era público y notorio que habría utilizado un Falcon del Estado para desplazarse a un concierto musical en Benicásim o a la boda de un familiar en La Rioja.

Pese a ser actos de marcado carácter personal, y pese a que pudo trasladarse por medios infinitamente más baratos, Sánchez optó por el Falcon, con todos los gastos lógicamente a cargo del Estado. ABC se limitaba a reclamar que Moncloa informase de las fechas de los viajes y de la justificación oficial que aconsejaba realizarlos en Falcon.

La única respuesta que recibió este periódico es que publicar esos datos comprometería la seguridad nacional, algo evidentemente falso, como acaba de reseñar la Audiencia Nacional. La resolución es nítida y recuerda que la Abogacía del Estado ni siquiera se molestó en discutir que era información pública y que ABC tenía derecho a conocerla. Alegar eso habría sido hasta temerario, y por eso no lo hizo, aunque tal y como concibe Sánchez las leyes de nuestro Estado, y dada su manera de utilizar el poder, todo era posible.

Pero es que además es completamente absurdo, y así se lo hace saber la Audiencia al Gobierno, sostener que ABC arriesgaría la seguridad nacional y la integridad del presidente del Gobierno. Y todo, por la sencilla razón de que cuando ABC reclamó esa información los viajes ya se habían realizado, eran de dominio público porque fueron objeto de cobertura mediática y, sobre todo, porque no son materia clasificada.

Se ha convertido en una pésima costumbre que Sánchez recurra a los secretos oficiales cuando le viene en gana. Bien sea para no explicar por qué dedica ingentes recursos públicos para acudir a la boda de su cuñado, cuando hay alternativas mucho menos onerosas que no comprometerían su seguridad; bien sea para traer a España de modo clandestino a un líder del Frente Polisario manipulando todo tipo de documentación y creando una crisis diplomática con Marruecos.

Ni sus viajes privados son secretos de Estado, ni dar cuentas al ciudadano de lo que hace con el dinero público pone en riesgo la seguridad de nada. Lo único seguro es que Sánchez se ha convertido en el presidente menos transparente de nuestra democracia y en un dirigente incapaz de disociar el ámbito público del privado. Y eso le acerca al caudillismo.

Tan pobre es la ética pública de este Gobierno como lógico es el reproche que le hace la Audiencia Nacional por su abuso cesarista del poder.

ABC