Todas las mentiras sobre las que se aupó Pedro Sánchez para ocupar su actual poltrona le han salido gratis. Las promesas de regeneración, los viernes electoralistas con pólvora del rey, el compromiso firme de no pactar jamás con Bildu («¡la duda ofende!»), la no menos firme proclamación de que la presencia de Podemos en el Gobierno le quitaría el sueño…

Todos esos embustes, y muchos más, han resultado ser impunes. ¿Qué digo impunes? Tremendamente rentables desde su punto de vista. En su cuenta personal se inscriben viajes en «falcon» para asistir a conciertos, veraneo en mansiones regias, baños de multitud indispensables para su desmesurado ego y un sueldo intacto, con cargo al presupuesto público, que ni en sueños percibiría en el sector privado.

Los españoles, mientras tanto, estamos pagando una factura abrumadora, que crece cada hora que pasa. Una factura económica terrible, en forma de quiebras, ruina, deuda disparada y paro desbocado, pero también, sobre todo, una factura en sufrimiento y vidas humanas inasumible e inaceptable.

La maquinaria propagandística de La Moncloa goza de merecida fama, entre otras razones por su capacidad para suministrar a los medios de comunicación amigos (la inmensa mayoría) argumentarios exculpatorios ante el fracaso clamoroso cosechado por Sánchez y su Gabinete en la gestión de una pandemia que se les ha ido nuevamente de las manos y empieza a arrojar cifras de contagios inquietantemente similares a las de marzo.

El más recurrente consiste en imputar todos los errores a las autonomías, con especial acento a las gobernadas por el PP y, en particular, Madrid, la gran bestia negra de la izquierda por su pertinaz negativa a dejarse engatusar por sus cantos de sirena en las urnas. Cuando conviene a sus intereses, el Ejecutivo central invoca su condición de tal para imponer su criterio.

Cuando, por el contrario, le beneficia escudarse en la descentralización de nuestro sistema autonómico, se lava las manos, cual Pilatos, y abandona a su suerte a los ciudadanos. Eso hizo con las residencias de ancianos, confiadas al vicepresidente Iglesias, donde millares de personas indefensas sufrieron el ataque del virus privadas de libertad, y otro tanto ha ocurrido con la Educación, convertida en gigantesca trampa para millones de escolares ignaros de cuál será su suerte.

Cuando se trataba de adoctrinar a placer a nuestros hijos y nietos, la ministra Celaá apeló al «derecho fundamental y constitucional a la Educación» para recurrir una medida tomada por la Comunidad de Murcia en relación al llamado «pin parental» y llegó a decir aquello de que «no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres».

Ahora que el desafío es reabrir los colegios y dotarlos de suficientes garantías de salubridad para profesores y alumnos, la responsable del sector está desaparecida y delega la patata caliente en los diecisiete consejeros, como si España no fuese una nación soberana sino un reino de Taifas abocadas al desgobierno.

Con todo, lo peor, lo más grave, lo realmente imperdonable son las patrañas que nos embucharon y siguen embuchando incluso ahora para tratar de encubrir su negligencia culposa.

Ese fantasmagórico «comité de expertos» compuesto en realidad por el filósofo Illa y su leal escudero, Fernando Simón, dispuesto a poner su credibilidad de epidemiólogo al servicio de la más baja política afirmando que las mascarillas no servían de nada, simplemente porque no había mascarillas en las farmacias.

O la promesa de que disponíamos de suficiente Remdesivir, el único medicamento aprobado contra el Covid-19, que se agotará en las próximas horas por falta de previsión y estocaje.

Hay mentiras y mentiras. Las de este Gobierno, matan.

Isabel San Sebastián ( ABC )