Lejos de ajustarse a la lógica que los tiempos inflacionistas exigen a los bolsillos de todos los españoles, el Gobierno ha culminado 2021 con una cifra récord de altos cargos y asesores que nunca antes ningún otro Ejecutivo había tenido a sueldo.

Es lo que tiene disponer de un gabinete con más de una veintena de ministerios, muchos de ellos absolutamente innecesarios. Y es lo que tiene la prerrogativa de un jefe del Ejecutivo que basa buena parte de la solidez de su coalición con Unidas Podemos en las regalías y los privilegios con un partido que si algo ha demostrado es su obsesión por sobredimensionar las nóminas públicas a base de amiguismo y nepotismo. Las cifras que hoy revela ABC dejan lugar a poco engaño.

El año 2021 ha cerrado con unos 1.500 altos cargos y asesores, tras sumar un incremento del gasto en sueldos del 5,6 por ciento en solo doce meses. Se trata de 458 altos cargos más que en el último Gobierno del Partido Popular, de los cuales 363 son exclusivamente asesores extra, a los que hay que añadir 95 altos cargos más.

En total, Pedro Sánchez dispone de un 30 por ciento más de altos cargos de libre designación a través del BOE, y de un 51 por ciento más de asesores designados a dedo. El gasto salarial es ya un 40 por ciento superior respecto a 2017, y alcanza los 90 millones de euros anuales, casi 40 en sueldos de altos cargos, y más de 42 millones en nóminas de asesores, cotizaciones a la Seguridad Social aparte.

En la última etapa de gobierno de Mariano Rajoy, tan cuestionado por la izquierda por su política de recortes y ajustes, esa cifra era de 61 millones, nada desdeñable. El enchufismo, con Pedro Sánchez en La Moncloa, no tiene precio.

Además, el análisis de muchos de esos cargos revela que son prácticamente inservibles. Cuentan con millones de euros de los Presupuestos Generales para su libre disposición y actúan como meros canalizadores de subvenciones a organizaciones amigas, bien camufladas entre mantras del progresismo. El Ministerio de Igualdad y sus múltiples organismos satélites son buen ejemplo de ello.

Lo mismo ocurre con el Ministerio de Consumo, que nunca debería haber pasado de ser una mera dirección general y que solo programa políticas sectarias y adoctrinadoras. Si muchos altos cargos y asesores sirvieran realmente para una gestión eficiente de los recursos públicos, podría tener sentido esta sobredimensión de nuestra Administración. Pero no es el caso.

Tal como denunció ABC en el pasado, el propio Sánchez ha utilizado organismos públicos para contratar como directivos y asesores a amigos de su juventud de los que no se conoce más mérito que el de ser enchufados de lujo.

Y eso es precisamente lo que el PSOE, y sobre todo Unidas Podemos, se comprometieron a erradicar. Muchas de las asesorías creadas artificialmente son solo eso, coartadas ideológicas para sufragar con recursos públicos una agencia de colocación, como si La Moncloa fuese en realidad un inmenso cortijo en el que acoger a personas afines para dotarlas de un sueldo público para fomentar la propaganda gubernamental.

Tanto es así que hasta el Tribunal Supremo se ha visto forzado a anular varios nombramientos por la absoluta carencia de justificación. En realidad, no ha habido un solo año de los tres y medio que Sánchez lleva en el poder en el que no se haya incrementado la nómina de asesores. Y tendría lógica si, en beneficio del interés general de los españoles, al menos le diese resultado.

Pero ni siquiera ese es el caso.

ABC