MONTESQUIEU ESCARNIZADO

Charles Louis de Secondat fue asesinado con alevosía por la reforma que perpetró en 1985 el PSOE, lo remató la complicidad del PP en los años del bipartidismo y ahora debe de revolverse en la tumba viendo cómo este gobierno pisotea su memoria metiendo sus sucias manos en la justicia sin preocuparse siquiera de salvar las apariencias.

No es que Montesquieu haya muerto, como proclamó en su día Alfonso Guerra con descaro. Es que está siendo escarnecido hasta límites incompatibles con la separación de poderes que el ilustrado francés estableció como requisito ético y condición «sine qua non» para la existencia de una democracia.

«No hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva», dejó escrito el insigne jurista. Pues bien, merced a la arbitrariedad de Pedro Sánchez, la próxima fiscal general será nada menos que una diputada socialista que hasta hace una semana ocupaba la cartera de Justicia en el Gabinete socialista.

O sea, una fusión perfecta de los tres poderes del Estado puesta al servicio de quien la nombra: el presidente, sus socios y los costaleros independentistas que lo han aupado hasta la Moncloa.

Dolores Delgado no dictará sentencias, cierto. La colonización de la Justicia por parte de los otros poderes todavía no ha llegado tan lejos, aunque camina en dicha dirección.

La exministra del puño y la rosa, electa el pasado mes de diciembre en las listas del PSOE, sí tendrá la facultad de inspirar (léase imponer) la línea de actuación del Ministerio Público en todo lo relativo al desafío independentista catalán, y también nombrará a una treintena de fiscales cuya actuación será determinante en los más altos tribunales.

¿Alguien piensa que, con su trayectoria, actuará movida exclusivamente por criterios de legalidad? ¿Es posible, incluso con la más seráfica de las intenciones, asociar el nombre de esa activista de izquierdas con la función que la Carta Magna y su propio estatuto asignan a dicha institución, tal como recordaba recientemente en estas mismas páginas Edmundo Bal, purgado de la Abogacía del Estado por la propia Delgado desde el Ministerio al negarse a cumplir sus instrucciones políticas?

«La Fiscalía debe guiarse en su actuación por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia técnica y absoluta despolitización. Tiene por misión, según el artículo 124 de nuestra Constitución, promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley».

¿Cómo se concilia el interés general con el de un partido cuyos colores se han representado en las urnas y cuyo líder proclama ufano su voluntad de «desjudicializar el conflicto catalán», o sea, salirse del cauce legal en busca de atajos capaces de satisfacer al independentismo?

El asalto a la justicia por parte de la política no es de hoy, aunque jamás había llegado tan lejos ni con tal grado de desvergüenza. Dolores Delgado supera todo lo visto hasta ahora. Cuando en su etapa de ministra fue sorprendida pactando con Rafael Catalá el nombre de la futura presidenta del TS, su partido no se molestó ni en disimular.

El PP de Casado, en cambio, sí fue sensible al escándalo y puso fin a un sistema de reparto infame, respaldado durante décadas con el afán de asegurarse su propio banquillo de jueces afines. «Bloqueo», dice hoy Sánchez sin rubor. Decencia, diría yo, no por tardía menos meritoria e indispensable en los tiempos que corren. Porque si termina de caer la justicia, caerán con ella la democracia y la libertad.

Isabel San Sebastián ( ABC )