¿ » MORADOS » O VERDES MUY VERDES ?

«La gente está harta de la imagen que damos». Así terminaba la bronca de Pablo Iglesias a Rita Maestre y a otros cinco concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid que no han querido inmolarse en las primarias amañadas por la guardia pretoriana del profesor chiflado. No es la primera vez que Iglesias, con el mismo tono autoritario y faltón, reprende a los suyos por exhibir «mala imagen». Toda una contradicción: al político de gesto airado y amenazante le pirran la buena imagen, el protocolo y la etiqueta.

Sin embargo, con Podemos el espectáculo está siempre garantizado. Veamos su sutileza jurídica. La Ley 2/2017 subraya el carácter de servicio público de la prestación de asistencia jurídica gratuita. La Ley 2/2017 establece la obligatoriedad de la asistencia para los profesionales del Derecho concernidos (abogados y procuradores de los tribunales). Pues bien, el 21 de septiembre de 2017 tuvo entrada en el registro del Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra diversos preceptos de dicha Ley por 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Como los morados y los mareados siempre disparan por elevación, en su recurso articularon una batería de reproches contra la Ley 2/2017 por una imaginaria y masiva violación de la Constitución, en la que por cierto no creen. Los artículos vulnerados habrían sido: art. 10 CE (derecho a la dignidad de las personas) ; art.14 CE (derecho a la igualdad ante la ley); art. 24 CE (proscripción de la indefensión, en este caso relacionada con los beneficiarios de la asistencia gratuita); art. 35 CE (derecho a la voluntariedad del trabajo); art. 37 CE (derecho a la negociación colectiva) y art. 38 CE (derecho a la libertad de empresa).

El TC acaba de desestimar en su integridad, mediante la STC 103/2018, el recurso de los morados y sus amigos políticos. Todos los magistrados del TC se muestran incrédulos ante la conducta de los recurrentes. Por una parte, el TC anota su ignorancia respecto a la condición jurídica de los abogados, que les excluye de la aplicación del Estatuto de los Trabajadores.

El asombro del TC se convierte en dolor de muelas porque los recurrentes creen que los abogados se organizan en sindicatos o asociaciones voluntarias que sólo persiguen fines privados. No se les pasa por las mentes la razón que obliga a los letrados a incorporarse a un colegio profesional. No entienden que ese mandato constitucional se debe a la delegación estatal a dichas corporaciones de derecho público de funciones de protección del interés general.

Las corporaciones vigilan la deontología y la disciplina profesional de sus miembros y, llegado el caso, les imponen sanciones administrativas. Por último, el TC ni siquiera vislumbra cómo la Ley impugnada puede atentar contra la dignidad humana. El TC afea a Podemos haber convertido el recurso en un blablabláretórico: «La parte no expone los razonamientos jurídicos y los elementos de convicción que permitan corroborar su denuncia».

Pablo tiene razón: a mucha gente le duele la cabeza por la imagen que proyectan él mismo y sus compañeros. El jefe de Podemos ya es un cuarentón, pero su demagogia, su autoritarismo y su obsesión por ser el perejil de todas las salsas le han convertido en el político más bisoño y tóxico de nuestro país. Que ya es decir.

Félix Bornstein ( El Mundo )

viñeta de Linda Galmor