MORDAZA A LA LENGUA OFICIAL

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Así reza el artículo 3 de la Constitución, el texto fundacional de la democracia española que fue aprobado por el 87,78 por ciento de los españoles hace 41 años, que no parece mal porcentaje viendo que ahora el candidato que gana las elecciones las pasa canutas para llegar a La Moncloa con el 30 por ciento de los votos.

Hay que recalcar la referencia a «todos los españoles», porque el nacionalismo se esfuerza en que así no sea allí donde gobierna o es clave en la gobernación. Esta semana ha aportado los últimos ejemplos de ese sandio acoso al castellano.

El Gobierno autónomo del País Vasco ha alumbrado un decreto que permite que los ayuntamientos de la región fulminen el castellano de las comunicaciones oficiales que dirijan a sus vecinos, es decir, que el que no sepa euskera ya puede buscarse un traductor cuando reciba una carta del Consistorio porque no va a entender lo que en ella pone.

Todo ello pese a que según Eustat -el Instituto Vasco de Estadística- hay 1.583.000 vascos que hablan castellano en casa frente a 307.639 que lo hacen en vascuence. Cinco veces más de castellanohablantes que de euskaldunes no merecen, según Urkullu, que su ayuntamiento se dirija a ellos en la lengua oficial del Estado.

La siguiente ventanilla intolerante y afrentosa del castellano se ha abierto en el municipio balear de Sa Pobla, donde su ilustre ayuntamiento ha mandado la carta para la solicitud de guardería para el próximo curso en catalán y… ¡árabe!

En Islas Baleares el castellano sigue siendo la lengua más hablada, casi el 65 por ciento lo utiliza en el día a día. Pero en Sa Pobla funciona uno de esos revoltijos políticos donde se unen todos contra el PP, que es quien ganó las municipales, victoria inútil tras la alianza de Proposta per les Illes, MÉS, Independents per Sa Pobla y -qué boda sin la tía Juana- el PSOE de Sánchez, que nunca tarda en acudir en socorro del nacionalismo.

El fenómeno, por tanto, crece por España siguiendo el «modelo Pujol» para Cataluña, donde hace décadas que, más que inmersión, el catalán es hegemónico en la esfera autonómica, desde la escuela (dos horitas de lengua española a la semana y ya) a los medios de comunicación, pasando por la portavoz de la Generalitat o el que manda en la Cámara de Comercio de Barcelona que no contestan preguntas en castellano.

Todo ello pese a que también allí la lengua de Cervantes es la preferida por la gran mayoría de los catalanes. Según la propia Generalitat, 3,4 millones de catalanes tienen el castellano como lengua madre, y como tal la utilizan habitualmente, frente a dos millones que usa de común el catalán. Y unos y otros así lo hacen porque les apetece, pues el 94,4 entiende el catalán y el 85 por ciento lo lee sin ningún problema.

Igual una de estas décadas, alguien se entretiene en hacer que se cumpla el artículo 3 de la Constitución y detenga la infame y necia persecución.

Alguna pequeña victoria hemos conocido últimamente, como la anulación judicial del requisito imprescindible del euskera para ser funcionario autonómico en Navarra, donde solo el 13 por ciento habla en vasco. Pero los sectarios corren más, todo lo que le deja la boina, la barretina o las alpargatas.

Álvaro Martínez ( ABC )