Con muchos los síntomas que demuestran que Pedro Sánchez vive políticamente a la defensiva. Siempre busca culpables de los males que sufre el país, eximiéndose de cualquier responsabilidad, sea propia o del Gobierno en su conjunto.

Abusa inconstitucionalmente del real decreto-ley, para cercenar el debate parlamentario sobre la función legislativa del Congreso de los Diputados y del Senado. Niega información sobre el uso de fondos y medios públicos para desplazamientos de dudosa justificación oficial.

Deslegitima la función opositora del Partido Popular para reclamar una sumisión que es incompatible con la democracia parlamentaria. La gestión de la pandemia, con una cadena de falseamientos informativos y estados de alarma inconstitucionales, resume las causas del miedo de Sánchez a la transparencia.

Este sentimiento de temor, acrecentado por la fractura interna de su Gobierno y la recuperación política y social del PP de la mano de Alberto Núñez Feijóo, explican la ingente cantidad de dinero que La Moncloa destina a controlar la información que afecta al presidente Sánchez.

Por un lado, está el presupuesto para la agencia Efe, que alcanzará este año los 58 millones de euros. A este importe hay que sumar otros 15 millones de euros para financiar la estructura de información y propaganda asentada en La Moncloa, bajo el control directo del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y que integra a 287 personas, entre todo tipo de categorías, escalas y funciones, pero coincidentes en el servicio a la información oficial que tanto interesa al presidente Sánchez.

Por si no fuera suficiente este despliegue de medios, La Moncloa ha contratado a una empresa especializada en la monitorización de información para que mantenga permanentemente al tanto al equipo de Sánchez de cualquier comentario, publicación o noticia que afecte al presidente del Gobierno.

El servicio se basa en un sistema de algoritmos que rastrean emisoras de radio y cadenas de televisión para localizar contenidos de interés para La Moncloa; contenidos que llegan en pocos minutos a los terminales de los responsables de comunicación y propaganda de la Presidencia del Gobierno.

El coste de este servicio no es excesivo, algo más de 16.000 euros al año, pero lo importante es su significado político, que revela una clara obsesión de La Moncloa por preservar una imagen de Sánchez cada día más sometido al deterioro que impone la realidad.

Tampoco parece que tanta información esté sirviendo para que La Moncloa esté al tanto de cuáles son los datos de la vida cotidiana en nuestro país.

Al contrario, el empecinamiento del discurso oficial en pintar la realidad de España como un oasis de recuperación y estabilidad o bien demuestra que la información es sometida a un proceso de manipulación para que llegue distorsionada a su destinatario, o bien significa que el objetivo de tanto algoritmo es crear un contrarrelato, una constante campaña de contrainformación.

Esta concentración de esfuerzos en la propaganda y la información oficializada corre en paralelo a un abandono constante de los cauces propios del sometimiento del Gobierno a los controles propios de la democracia parlamentaria.

La suplantación de las vías del parlamentarismo por la exaltación del personaje -como aquellos aplausos con los que fue recibido por su corte de ministros tras volver de Bruselas- es un indicio de tendencias autoritarias. Para Sánchez y sus apologistas, la crítica es una deslealtad; el voto en contra, una falta de patriotismo.

El narcisismo no es una buena práctica democrática, pero si se cae en ella, al menos que no sea con cargo al dinero público.

ABC