El Gobierno de Pedro Sánchez le salen tics propios de Nicolás Maduro. Se cree que por negarse a divulgar el dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos europeos va a mantener indefinidamente oculto ese informe. Es no saber en qué consiste una democracia y un Estado de Derecho. Con razón preguntó Patxi López a Pedro Sánchez si sabía qué era una nación.

Hoy habría que preguntarle también si sabe qué es una democracia parlamentaria. Por lo pronto, Sánchez ya tiene encima una polémica más en su largo expediente de ocultismo y opacidad. Gobierna entre tinieblas. Su imagen en Europa se está asociando a las peores prácticas del autoritarismo: acabar con la independencia judicial, vigilar a los críticos en las redes sociales y, ahora, hurtar a la oposición la opinión del máximo órgano consultivo del Estado sobre una de las normas más importantes de los últimos tiempos.

Si el Partido Popular exagera cuando critica al Gobierno por no entregarle el dictamen, Moncloa tiene bien al alcance la prueba: muestre el informe de una vez. Pero si continúa ocultándolo, solo va a alimentar la sospecha de que el Consejo de Estado emitió un juicio muy negativo sobre la norma que regirá la administración de los fondos europeos.

Antes o después se conocerá ese dictamen porque es una exigencia de rigor democrático y transparencia conocer la valoración de una institución creada específicamente para asesorar en los proyectos normativos y proponer mejoras a su contenido.

No se trata de un debate de técnica jurídica, aunque sea importante determinar si el Gobierno está o no obligado legalmente a entregar el dictamen al Parlamento. Cualquiera que sea la respuesta a esta duda, lo relevante es que Sánchez no se siente vinculado a ninguna convención de buena práctica democrática y ejerce su poder como una fuga permanente del sistema de contrapesos propio de la democracia parlamentaria.

Esta es una descripción preocupante tratándose del Gobierno de una nación sometido a la vigilancia de instituciones europeas que velan por la independencia judicial y la separación de poderes. Ser conscientes del Ejecutivo que tiene España actualmente obliga a preocuparse por el futuro de la democracia en nuestro país.

Sánchez debe rectificar porque no es su futuro político lo que peligra, sino el reconocimiento de España como una democracia sólida que poco a poco va experimentando una desfiguración progresiva por la acción desleal del Gobierno con valores y principios esenciales.

No es admisible que el Congreso no pueda conocer el parecer del Consejo de Estado sobre los fondos europeos. Es una situación homologable con las formas más populistas de ejercer el poder, como las que se basan en el desprecio constante a la oposición y a las instituciones.

ABC