Si no la macrocausa cuya preparación es compleja, sí las piezas separadas con representación privada de los clientes deberían estar en trámite al tribunal.

Transcurridos muchos años desde que se originó la problemática de los pagarés de Nueva Rumasa, son miles de Inversores perjudicados quienes se preguntan sobre la celebración del juicio, previsiblemente macrojuicio, que dirima las responsabilidades deducidas de una nefasta política de financiación que en su momento fue consentida por la Comisión del Mercado de Valores.

Más de una década después, no existe respuesta a las demandas de justicia con una lamentable congelación del proceso judicial, incluso cuando se ha trabajado eficientemente en el caso con profesionales competentes que representan a numerosos afectados.

En este engranaje judicial cada cuál ha de brindar la funcionalidad requerida, y así ha sido hasta encontrar un aparente veto que parece provenir de los despachos donde se compila numerosa documentación. ¿Qué está sucediendo para que se dilate un juicio de semejante interés social?
Podría ser debido a la ralentización por carga de trabajo en los juzgados ,aunque es lógico pensar que algún otro factor de voluntad incide en el parón cuando se espera la intervención de los tribunales. Como cuando diligentemente se procedió al embargo de las propiedades de la familia Ruiz-Mateos como medida para responder por la emisión.
Décadas antes, José María Ruiz-Mateos fue expoliado con una expropiación orquestada por el PSOE,  toda vez que en 1997 fue exculpado de toda inculpación el empresario y financiero, dictando en 1999 dos autos el Tribunal Supremo por los que se debería haber devuelto el patrimonio saqueado por Felipe González, a falta de una consolidación de balances que jamás se produjo.
De ahí que Ruiz- Mateos reivindicara la celebración de un juicio para desenmascarar a los autores de un hecho delictivo que dio alas,  hasta nuestros días, a la corrupción socialista hoy disparada sin disimulo en España. Sólo la Finca de La Almoraima, valorada en 500 millones de euros, expropiada junto a un conjunto billonario, podría haber respondido ante los damnificados de Nueva Rumasa.
Diligente la Justicia del embargo no lo parece, ni tanto ni mucho, ante la expectativa de resarcir equitativamente a las víctimas cuando una auditoría sobre lo embargado en el 2009 sumaba una cuantía de 300 millones de euros entre otros activos.
Lo extraño es que incluso las representaciones privadas de clientes no han obtenido respuesta.¿Son justificables tantas demoras?
Se han cumplimentado en piezas separadas cuantos requisitos procesales han sido necesarios para desembocar en una resolución administrativa que dé inicio al juicio pertinente, el que permita la oportunidad de resarcir a los damnificados.
Sin embargo, con todas las gestiones completadas, los letrados no se explican la dilación, las artificiosas demoras, en apariencia, que parecen vetar el derecho a la Justicia que esperan los perjudicados por la desastrosa y, está por ver oficialmente, dolosa, emisión de pagarés.
Al día de hoy se han dado pasos para subsanar la situación crítica. Es así que en julio del presente año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó la incorporación de un nuevo magistrado en la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con la idea de crear dos tribunales simultáneos que trabajen para desatascar macrocausas como la de Nueva Rumasa.
En el fin último y consciente de acelerar la funcionalidad judicial, no puede demorarse más allá de lo razonable después de tomar las medidas pertinentes, un juicio necesario y perentorio cuyos retrasos deben solventarse no sólo con la intención sino también con la eficacia esperable de nuestros órganos jurídicos.
Si no ya el macrojuicio que es previsible por la emergencia social insoslayable, es difícil justificar los retrasos en causas dirigidas por letrados cuyas piezas separadas tenían la intención de facilitar la agilidad en los trámites de representación para sus clientes.
Con todo el trabajo impecablemente realizado, algún tipo de presa impide que fluya por los cauces de previsión el acceso a juicio. Las causas son elementales y suenan a pretexto cuando se piden respuestas.¿Qué está pasando con los juicios por la emisión de los Pagarés de Nueva Rumasa? Procederemos a explicarlo.
Ignacio Fernández Candela ( El Correo de España )