NO ES EL PIN, ES LA LIBERTAD

Desde que el pasado viernes 17 de enero, la ministra Celaá amenazara a la comunidad autónoma de la Región de Murcia con acudir a en los tribunales por la cuestión del pin parental.

Desde el lado del Gobierno, se han sucedido toda una serie de declaraciones al respecto, sobre que los hijos no son de los padres, que no son inscribibles en el registro de la propiedad, que el pin parental vulnera el derecho fundamental a la educación, y otras cuestiones más que no voy a enumerar porque estoy convencido que ya han leído y escuchado más que suficiente al respecto. Al respecto, no voy a matizar, corregir ni interpretar uno solo de dichos comentarios.

Estamos ante un ejercicio soberbio de manipulación semántica y lingüística. Tratar de rebatir, con sus argumentos, es tan difícil como hablar con un tonto. Primero porque hay que ponerse a su altura, y segundo porque es seguro que se perderá la discusión, ya que los tontos, en eso, tienen mucha más experiencia.

¿A cuento de qué viene todo este lío? Hasta donde sé, el pin parental es sólo por una solicitud escrita, que los padres dirigen al director de cada centro educativo, para ser informados de cualquier actividad “complementaria” relacionada con cuestiones sobre identidad de género, LGTBI o feminismo en forma de taller, charla, jornada o seminario.

¿Es que los padres no tienen derecho a saber qué hacen sus hijos en los centros escolares? ¿Por qué ese miedo a que sean los padres quienes tengan la potestad de autorizar o no que su hijo asista? ¿Es que ocurre algo malo en esas actividades? ¿Acaso temen que no asistan? ¿Por qué dan por sentado que los padres se van a negar? Contéstenlas ustedes mismos.

¿Saben por qué se ponen así? Porque quieren imponer, por encima de la razón, atropellando la verdad y manipulando la ley, sus postulados ideológicos. Para ellos, España, que es una realidad, es un concepto discutido y discutible, pero la parafernalia LGTBI no es materia opinable.

Debemos aceptar que alguien esté a favor del “derecho a la autodeterminación”, pero ay de aquél que ose cuestionar las leyes de género. Por eso, necesitan controlar el sistema educativo, herramienta imprescindible para adoctrinar en su escala de valores. Por eso están contra el pin parental y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la enseñanza concertada.

Nadie parece enterarse que detrás de esto está su proyecto de implantar un modelo de sociedad totalitaria de corte marxista. Ingenuamente, parte de su electorado y muchos del resto de partidos situados a la derecha de ellos, creen que se les puede hacer frente hablando de los presupuestos generales del estado, el control del gasto público y otras cuestiones que, se ha demostrado por activa más que pasiva, les afecta nada o casi nada.

Ya han arruinado a España otras veces. ¿Y qué? Han robado con los ERE. ¿Y qué? Están esquilmando el fondo de la seguridad social. ¿Pasa algo por eso? No pasa nada. Y si pasa, se le saluda.

Vuelvo al principio, a lo de la manipulación del lenguaje en la que son maestros estos trileros. Las últimas declaraciones al respecto de los gerifaltes y gerifaltas del Ministerio de igualdad no hablan de “pin parental”, sino de “veto parental”, para hacer pasar a los padres por prohibicionistas. Seguro que, de aquí a poco, no podremos decir “mis hijos, tus hijos, sus hijos nuestros hijos”, sino que nos obligarán a decir: “los menores y las menores de edad con los que convives”.

Esta cuestión no es baladí para ellos. Victoria Rosell, la diputada de Podemos y delegada del Gobierno para la Violencia de Género, ha mencionado que se debe recurrir al «requerimiento administrativo» previsto en la Constitución para que el Ejecutivo murciano renuncie a una medida que vulnera la ley: el artículo 155 nada menos. ¡Hasta ahí podríamos llegar! – han dicho en el gobierno-. ¿Los padres pudiendo decidir? De eso nada, monada.

La batalla no es por pin el parental, sino por el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, recogido en nuestra Constitución (art. 27.3), en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (art. 14.3), en el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos (art. 18.4) y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 26.3). Recuerden: para que triunfe el mal basta que los hombres de bien no hagan nada.

El Correo de Madrid