La imagen de una Policía que se repliega y huye ante el acoso de un grupo de vándalos, habituados a imponer su ley en un barrio convertido en su territorio, es la peor señal que puede ofrecer a la sociedad el Estado de Derecho.

Los sucesos registrados en Burgos la noche del viernes no son solo la réplica de un movimiento itinerante de protesta y guerrilla urbana contra las restricciones a la movilidad, con focos que ayer se reprodujeron en otras ciudades, sino la expresión de la debilidad de las instituciones ante quienes no aceptan las normas -en este caso de carácter sanitario- que articulan la convivencia.

El cuestionamiento de la gestión y la estrategia del Gobierno frente al Covid-19 no puede amparar ninguna revuelta, respuesta radical de una minoría al autoritarismo y la arbitrariedad con que el Ejecutivo dicta sus decretos para evadirse de una crisis cuyas dimensiones no quiere asumir.

No es en la calle, con piedras y contenedores en llamas, donde se defienden las alternativas políticas.

ABC