NO ES PAÍS PARA POLICÍAS POLÍTICAS

En las calles de Cataluña se vive una tensión creciente. Constatado el fracaso del asalto al orden constitucional -por el que serán juzgados sus responsables-, el separatismo se ha volcado en la agitación callejera y la colonización del espacio público para calentar el aniversario del golpe parlamentario de septiembre y el del referéndum ilegal y la declaración de independencia de octubre. Los catalanes constitucionalistas que se niegan a acatar la privatización de lo común por parte de la propaganda independentista están reaccionando entregándose a la retirada de lazos amarillos, acción no ya legal sino democráticamente imprescindible por la que los Mossos d’Esquadra, cumpliendo órdenes del Govern de Quim Torra, está procediendo a su identificación.

Entretanto, el Gobierno asiste al descarrilamiento de su estrategia apaciguadora por la terca vía de los hechos. La indignación del estamento judicial le ha forzado a rectificar y amparar a Pablo Llarena frente a la demanda tramposa de Puigdemont. La Policía Nacional ha detenido por un delito de odio al agresor de la mujer que retiraba lazos en Barcelona, agresión que el independentismo político y mediático ha intentado blanquear, escamoteándole su móvil ideológico.

Y la Fiscalía ha abierto una investigación sobre el comportamiento de los Mossos, que podría estar vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos que quitan lazos. Actividad a la que ayer se sumó Albert Rivera, cuyo partido convocó una concentración de repulsa en el parque de la Ciudadela, donde la mujer fue agredida.

Una democracia cabal no es aquella en la que la sociedad civil y la oposición política han de asumir el papel que le corresponde garantizar a la Administración, empezando por su policía. Pero tampoco puede extrañar la desconfianza que inspira la Generalitat de Torra. Máxime cuando, como desvela hoy EL MUNDO, los Mossos utilizaron una red secreta de chats para espiar a otras Fuerzas de Seguridad del Estado durante el 1-O. En al menos tres grupos privados se dio la orden de incluir los «incidentes» protagonizados por agentes de Policía y Guardia Civil: su posicionamiento, número y fotografías de sus intervenciones.

Esta información era requerida personalmente por el mayor Josep Lluís Trapero de forma inmediata: «Lo pide Trapero y lo necesita para ya», se aducía en esos chats. Esa información aún no ha sido facilitada al juez instructor, que la requirió hace seis meses.

Estas graves revelaciones avalan un uso político de los Mossos que es propio de regímenes ajenos al Estado de derecho. La deslealtad de los mandos de la policía autonómica, instrumentalizada para espiar a compañeros bajo designios políticos, evoca siniestras etapas de la historia europea. Y mientras la situación degenera en Cataluña, el presidente cultiva su imagen internacional por Iberoamérica, equivocando claramente las prioridades.

El Mundo

viñeta de Linda Galmor