Con un agujero equivalente al 8 por ciento del PIB, el sistema español de pensiones está abocado a perpetuar una quiebra que Bruselas pretende corregir de forma definitiva tras el engañoso lavado de cara del año pasado.

Con una inflación que roza ya el 10 por ciento, incrementar las pensiones en función del IPC quizás sea un señuelo -aceptado de forma insensata por todos los partidos, a izquierda y derecha- para captar el voto de un creciente sector del electorado, pero a medio plazo no es sino una maniobra suicida para las cuentas públicas.

El populismo no es un fenómeno de nuestros días: negar la realidad a cambio de millones de votos ha sido la práctica de los grandes partidos, de nuevo más pendientes de su respectivo tirón electoral entre los pensionistas que de tratar de garantizar el futuro de España.

Ese futuro se puede seguir distorsionando, pero el presente del IPC, inaplazable, obliga a mirar cuanto antes y de frente a la sociedad, de forma madura, rigurosa y responsable.

ABC