NO SE CEDE ANTE ASESINOS, NI ANTES NI DESPUES

Mientras en la localidad francesa de Cambo-les-Bains la izquierda abertzale, con la complicidad del PNV y unos supuestos mediadores internacionales, realizaba un acto propagandístico para legitimar los objetivos políticos del nacionalismo, Mariano Rajoy se comprometía con todos los españoles a impedir que la disolución de ETA conlleve algún tipo de beneficio para los terroristas. “No hubo ni habrá impunidad. Nada les debemos y nada les tenemos que agradecer”, afirmó rotundo el presidente del Gobierno, que sentenció: “Los crímenes seguirán investigándose y juzgándose y las condenas seguirán cumpliéndose”.

De esta forma, con un discurso que rendía homenaje y recuerdo a las víctimas, situándolas en el centro de la atención política, cerraba Rajoy cualquier puerta a un posible acercamiento de presos, la más inmediata ofensiva iniciada por el nacionalismo vasco y quienes como Podemos sirven de coartada a sus pretensiones. Es cierto que hay decisiones judiciales que no dependen del Ejecutivo, pero resulta obvio que debe desterrarse por completo el proyecto muñido por Rodríguez Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, que contemplaba la posibilidad del acercamiento de terroristas condenados a cárceles del País Vasco y la concesión de privilegios penitenciarios una vez disuelta la banda. ETA fue vencida por el Estado de derecho y por la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por lo que no está en disposición de exigir nada ni al Estado ni a los españoles que han sufrido un sangriento chantaje durante su medio siglo de existencia.

No obstante, Mariano Rajoy -de ahí la importancia y la trascendencia de su alocución- no ha de hacer frente solamente a los terroristas y a quienes como Otegi se han travestido de demócratas después haber empuñado las armas y amparado a los que seguían matando. El frente nacionalista es hoy más amplio que nunca, como quedó ayer de manifiesto tras el acuerdo cerrado entre el lehendakariIñigo Urkullu y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos. En el comunicado del jueves, el sanguinario Josu Ternera dejó claro que los miembros de ETA están dispuestos a modificar sus métodos pero no sus objetivos, que pasan indefectiblemente por una “Euskal Herria reunificada”.

Recogiendo ese testigo y convirtiéndose así en cómplices, Urkullu y Barkos anunciaron su intención de «promover un grupo de trabajo sobre políticas penitenciarias», en el que estarían presentes los dos ejecutivos autonómicos y también el central. Ningún ciudadano español, y menos aún las víctimas, entenderían que los terroristas encarcelados por sus crímenes recibieran tratos de favor y se permitiese a los huidos de la Justicia regresar impunemente. Como tampoco se entendería que se legitimase a unos dirigentes etarras cuya intención es continuar de forma oportunista su proyecto totalitario a través de los medios que les ofrece la democracia.

El Gobierno ha de comprender que no se trata solo de poner fin a los procedimientos mafiosos de la izquierda abertzale, sino de combatir y derrotar políticamente las ideas separatistas y leninistas que parecen quedar legitimadas por la desaparición de la banda. El nacionalismo vasco se siente hoy más fuerte que nunca, gracias a los réditos electorales recogidos por el PNV en las últimas elecciones del País Vasco y a la acción de la presidenta navarra, que ha colocado el Gobierno autonómico al servicio de los intereses del independentismo vasco.

La desaparición de la banda terrorista es una buena noticia que no puede dar lugar a una victoria póstuma de sus miembros. El Gobierno debe impedir que los asesinos obtengan privilegios penitenciarios que pasen por el acercamiento o la disminución de las penas. A los etarras hay que exigirles que colaboren en el esclarecimiento de los 358 crímenes que quedan aún por resolver y que entreguen el arsenal que aún conservan. Porque son ellos los que están en deuda con el Estado y con todos los españoles.

El Mundo