NO SE ENTERABAN DE NADA, PERO COBRABAN

Cataluña y su crisis de secesión están resultando una bendición para el PSOE andaluz. Cuántos medios afines aprovechan los graves acontecimientos del principado para evitar informar a todos los españoles de unos hechos de una enorme gravedad resumidos en la impecable conclusión de la crónica publicada por Antonio R. Vega el pasado domingo en ABC. «En los años en que funcionó este fondo [de 855 millones de euros, nada menos] 120.829 trabajadores se vieron afectados por ERE en Andalucía, pero sólo 6.096 recibieron ayudas. Una catástrofe, sin duda, de lo más selectiva.» Difícilmente puede extrañar esto cuando se sabe que la suegra del director de Trabajo entre 1999 y 2008, Javier Guerrero, se benefició de 258.539 euros sin tener derecho a un céntimo porque no trabajaba.

Lo más repugnante de este proceso andaluz, en el que la juez María Núñez ha intentado emplearse con efectividad ante las evidentes conclusiones de la investigación de su colega Mercedes Alaya, es que el principal argumento de la defensa de los consejeros y altos cargos -estamos a la espera de la declaración de los expresidentes de la Junta procesados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos exministros y expresidentes del Partido Socialista Obrero Español– es que ellos no se enteraban de nada. Que eso ocurría por debajo, porque ellos no estaban para controlar lo que se hacía con partidas de 855 millones de fondos públicos. Para esas minucias estaban otros, y si lo robaban o dirigían a beneficio de su propio Partido Socialista de Andalucía, allá ellos. Inverosímil, pero así dicen que fue.

Unos, como el exconsejero de Empleo, José Antonio Vieira, dicen que no tenía capacidad para controlar eso porque «soy maestro». Pero para cobrar, no quería hacerlo como maestro sino como consejero. Y claro, como sólo era maestro, firmó un convenio con la agencia pública IFA/IDEA para que gestionase todas las ayudas de empleo que concedía la consejería de la cosa, con lo que tenía la ventaja de que se reducían los controles administrativos. No es que esos controles le importaran una higa al PSOE y su Gobierno andaluz. Porque la intervención general hizo hasta quince informes repletos de señales de alarma sobre la ilegalidad de lo que estaba ocurriendo, mas… vaya por Dios, ninguno de los procesados los leyó nunca. Tenían cosas más importantes que hacer.

Ramón Pérez-Maura ( ABC )