¿ NOS DECLARAMOS EN HUELGA FISCAL ?

Nadie paga impuestos por gusto. La mayoría lo hace por temor a las consecuencias derivadas de no hacerlo y algunos, pocos, con el propósito de amoldar su conducta a sus convicciones. Pero incluso entre estos últimos prevalece a menudo la sensación de que se les confisca demasiado dinero.

¿Qué pasaría si todos los que nos sentimos injustamente expoliados por Hacienda nos declaráramos en huelga fiscal y dejáramos de cumplir con nuestras obligaciones? ¿Y si el líder de algún partido político secundara la protesta hasta el punto de instarnos a engañar al Fisco y prometernos no solo impunidad, sino premios por hacerlo?

¿Qué sería de las arcas públicas si esa formación ocupara el poder, controlara la Agencia Tributaria y abriera expedientes sancionadores a todos los funcionarios sospechosos de haber sometido a una inspección fiscal a los infractores con más recursos, reacios a rascarse el bolsillo?

La respuesta es obvia: tal cúmulo de ilegalidades nos conduciría irremediablemente a la ruina, laminaría una de las bases sobre las que se asienta el Estado democrático de Derecho y haría inviable la convivencia. O sea, exactamente lo que está ocurriendo en Cataluña, donde el independentismo gobernante ha impuesto su tiranía ideológica con desprecio absoluto de la Ley y, no contento con sojuzgar a los ciudadanos sujetos a sus decisiones arbitrarias, encumbra a infractores de todo pelaje mientras persigue con saña a los policías «culpables» de haber cumplido con su deber defendiendo el orden en las calles a costa de arriesgar sus vidas y sufrir brutales agresiones.

Resulta indignante el abandono en el que se hallan los catalanes de bien, respetuosos con las reglas de juego imperantes, les gusten más o les gusten menos. Parte el alma constatar la impotencia de los comerciantes, hoteleros, transportistas y demás sectores gravemente damnificados por los abusos y la violencia jaleados desde la Presidencia de la Generalitat, ante la inacción de un Gobierno de España cuya parálisis raya la complicidad.

Provoca una inmensa rabia contemplar a esos estudiantes del «s’ha acabat» enfrentarse solos, sin más armas que su determinación y su valentía, a piquetes de encapuchados extremadamente agresivos, atrincherados tras barricadas levantadas con mobiliario sacado de las aulas. ¿Y qué decir de unos rectores tan sumamente cobardes o sectarios como para inclinarse ante esa barbarie y garantizar el aprobado a quienes imponen su protesta salvaje a los demás?

La huelga política está prohibida en el ordenamiento jurídico español, que únicamente contempla ese derecho en el ámbito de lo laboral. Los estudiantes no perciben un salario por asistir a clase, lo que convierte en doblemente ilegal esa «vaga» (nunca mejor dicho si leemos en castellano ese vocablo catalán) convocada en protesta por una sentencia judicial e impuesta a base de coacción y violencia.

Tan ilegal como lo sería que dejáramos de pagar impuestos los millones de españoles hartos de trabajar desde enero hasta junio con el fin de satisfacer la voracidad de Hacienda, alegando nuestro desacuerdo con el porcentaje de gravamen establecido para nuestros ingresos.

Tan ilegal como paralizar la actividad económica de una comunidad autónoma cada dos por tres, bloqueando carreteras, estaciones de tren o aeropuertos, en apoyo de unos delincuentes condenados por graves delitos. Tan ilegal como «okupar» (con «k») la máxima representación del Estado español en Cataluña sin otra ocupación (esta vez con «c») que atacar a la Constitución de todos y tratar de imponer por la fuerza lo que la mitad de la ciudadanía rechaza. Ilegal e inmoral. Tan inmoral como que Pedro Sánchez se inhiba estrepitosamente ante este cúmulo de iniquidades.

Isabel San Sebastián ( ABC )