La pandemia de la Covid nos deja un mundo diferente al que teníamos en marzo de 2020. Igual que los atentados de las Torres Gemelas nos precipitaron al mundo del terrismo yihadista y de la guerra de civilizaciones, el virus ha mutado la democracia liberal en un sistema a mitad de camino entre lo fallido y lo esperpéntico. Una especie de híperrealidad en la que tenemos que pellizcarnos para poder creer lo que estamos viendo a nuestro alrededor.
Vemos, por ejemplo, cómo un criminal que estuvo en la cárcel por violar y asesinar, ha vuelto a salir a la calle, esta vez para matar a un niño de solo 9 años. Los padres de Álex se estarán preguntando ahora mismo por qué la Justicia deja libre a un depredador cuya reinserción se sabe que es imposible.
Vemos cómo el Ayuntamiento de Castellón impone en los institutos públicos unos libros pornográficos, de temática LGTBI, que normalizan el sexo en grupo o con drogas, insultando a la Iglesia e incitando a los chicos a la homosexualidad. Vemos que el magrebí que agredió recientemente a un policía de paisano en un autobús de Zaragoza estaba en España de forma ilegal, y además cobrando una ayuda pública de más de 500 euros al mes.
No hay disparate que no sea posible en la España de hoy, aunque también podríamos decir «en el mundo de hoy». Por eso, a nadie sorprende que la noticia más grave e importante de la semana que hoy concluye apenas haya tenido relevancia informativa. Es tal la deformación de lo normal, es tal el grado de aberración moral y de descomposición social, que ya no sorprende ni escandaliza nada. Nos esperamos cualquier cosa porque ya lo hemos visto todo, y porque habiéndolo visto todo, nunca pasa nada. Los gobiernos que presumen de demócratas han matado y enterrado la democracia, y ahora gobiernan en un autoritarismo de consenso.
Sí, un autoritarismo de consenso entre las fuerzas políticas y los principales medios de comunicación. ¿O cómo explicar, si no, que el Tribunal Constitucional haya declarado ilegal el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno, a los seis meses de iniciarse la pandemia, y no haya habido la más mínima reacción por parte del Ejecutivo? ¿Hay algún precedente parecido en alguna nación de nuestro entorno? ¿Para qué sirve un Tribunal Constitucional, si sus sentencias son oídas como el que oye llover, guardadas en un cajón y archivadas para siempre jamás? Esto es lo que pasó con el primer estado de alarma, lo que pasó con el cierre del Congreso de los Diputados, y lo que ha pasado ahora con el segundo estado de alarma. Sentencias condenatorias y un apabullante silencio.
La consecuencia, si pensamos en el futuro, pueden ustedes adivinar fácilmente cuál va a ser. Los gobiernos delinquen ya abiertamente, flagrantemente, sin que ni los más altos tribunales puedan impedirlo ni sancionarlo. Estas cosas pasaban, hasta no hace mucho, en Cuba, Venezuela, y otras dictaduras y estados fallidos. Y nos preguntábamos cuándo lo veríamos en España. Pues sean ustedes bienvenidos al paraíso de la iniquidad, donde las sentencias de los más altos tribunales tienen el mismo valor que si sale una tía mía por el balcón a criticar a Pedro Sánchez. No sirven para nada. Este gobierno solo saldrá del poder, en principio, si así lo decide una mayoría de los españoles dentro de 2 años.
Mientras, en la oposición, los dos líderes llamados a ser la alternativa, se pelean entre ellos para ver quién es más listo o más guapo, o a ver quién de los dos es más ingenioso en la crítica al Gobierno. Sin darse cuenta de que el tiempo de las críticas ya pasó. Que España está gravemente herida, gravemente enferma, y lo que toca ahora es el tratamiento y la sanación. España no puede tener un Gobierno que se toma a cachondeo las sentencias condenatorias del Supremo y del Constitucional, mientras la sociedad se degrada cada día más, hasta límites insoportables.
Aquellos que pueden hacer algo para evitarlo deberían empezar a moverse ya.
Rafael Nieto ( El Correo de España )