Por supuesto que las relaciones sociales dentro de una comunidad han de estar debidamente reguladas, naturalmente que en toda sociedad, país o nación, se hace imprescindible un ordenamiento jurídico capaz de coordinar esfuerzos, con miras a obtener el bien general.

Todo esto forma parte de la cultura del comportamiento, que como todo saber humano ha de sustentarse en unos principios de orden superior presididos por la ética, por eso en este orden de cosas hay que comenzar sabiendo diferenciar lo que es la legalidad y lo que es la eticidad, siendo también conscientes de que el orden jurídico debe estar supeditado al orden ético y que si esto no es así aquel pierde su legitimidad.

La justicia, como concepto genérico de índole moral, debe presidir toda construcción legislativa, que viene a ser el armazón de lo que conocemos como un estado de derecho, lo cual supone que antes de ponernos a legislar hemos de partir de unos principios fundamentales, inamovibles e inalterables, que tienen su origen remoto en la Ley Eterna dictada por Dios, Dueño y Señor de todo lo creado y como origen próximo la conocida universalmente como Ley Natural.

De este modo es como lo entendió siempre  la cultura occidental europea de nuestros antecesores, que supieron amalgamar la razón griega, el derecho romano y la ética cristiana, en un sólido cuerpo jurídico y así se vino manteniendo hasta  los nuevos tiempos, en que aparecieron descabellados planteamientos inspirados en un antropocentrismo, según el cual el hombre se convierte en el juez  que sentencia lo que es bueno y lo que es malo, lo que conviene y lo que no conviene, lo que es justo y lo que no lo es.

A partir de aquí el hombre dejaba de ser el buscador de la Verdad, el Bien y la Belleza prexistentes, para convertirse en su creador.

Bajo este supuesto, fácil es imaginar la subversión operada, no solamente en el mundo de los valores sino también en la jurisprudencia, donde la legalidad se antepone a la eticidad, lo cual significa colocar la carreta delante de los bueyes.

Desde este critico momento en que el bien útil adquiere el protagonismo en detrimento del bien honesto, cabe esperar cualquier disparate  y esto es exactamente lo que está  sucediendo: Todos hemos podido ver cómo lo que antes era considerado como virtud ahora es visto como vicio y viceversa, el antivalor ha pasado a ser un valor, la libertad se la confunde con el libertinaje, lo falso como verdadero, y si llega la ocasión, lo manifiestamente  injusto  puede quedar legalmente convalidado, porque las referencias objetivas han desaparecido y solo nos queda la subjetividad del hombre, que como dijera Protágoras ha pasado a ser la medida de todas las cosas.

Él será a partir de ahora y solo él quien se encargue de encontrar un patrón legislativo, ajustado a sus deseos, para regular el compartimiento social y es suficiente con que algo esté bendecido por la ley para que esté libre de toda sospecha.

Nunca he entendido que se denominara de derecho a un estado en manos de depredadores, que no se someten a un absoluto moral, ni tienen en cuenta la ley natural, haciendo de su capa un sayo y legislando de “facto”, según los intereses ideológicos y circunstanciales. ¿Esta es la consistencia que tiene nuestro estado de derecho?

 A lo largo de los años se ha ido entretejiendo un entramado iuspositivista al amparo de  la tesis, según la cual, un ordenamiento jurídico al margen de la moral puede ser considerado  válido  y por tanto obligatorio, porque se piensa que la ley positiva por sí misma tiene la capacidad  de legitimarlo todo, de modo y manera que al no necesitar ya para nada el orden “del deber ser”, éste ha acabado desapareciendo, para quedarnos solamente con la “validez fáctica”.

En este sentido pudimos escuchar en su día la voz de un mandatario político español, de cuyo nombre no quiero acordarme, quien llegó a decir que era preciso recoger en el parlamento lo que era normal en la calle, lo cual no deja de ser un disparate, que en modo alguno tiene cabida en el marco de una iusfilosofía sana.

Así, con esta forma de pensar, se han ido prefabricando, como si fueran churros, leyes y más leyes, que han acabado blanqueando actos delictivos y criminales, normalizando conductas aberrantes, estabilizando comportamientos antinaturales, que producen verdadero escándalo.

¿Acaso en un estado de derecho se puede permitir el asesinato de millones de criaturas inocentes? ¿Se puede imponer el pensamiento único? ¿Es comprensible que en un estado de derecho se desnaturalice el matrimonio y se haga tabla rasa de la Ley Natural?

Alegremente, en una Europa descompuesta y desorientada, se está dando por sentado que podemos sentirnos satisfechos del estado de derecho que nosotros mismos hemos fabricado, pero hay muchas dudas, que nos asaltan y nos hacen pensar que tal estado de derecho no existe o al menos no es tal y como nos los presentan, por eso la sociedad civil, en temas como este, debiera ser más crítica.

 La diferencia entre un estado “de iure” y un estado “de facto” no viene marcada exclusivamente por la separación de los tres poderes, incluso en el caso de que esta separación fuera real y efectiva, que ya es mucho decir. No, la diferencia está sobre todo en que uno se fundamenta en “la fuerza de la razón” y el otro en “la razón de la fuerza”. En los estados primitivos y bárbaros la fuerza era el derecho y el derecho era la fuerza, de modo que se poseían todos aquellos derechos para los que se tenía fuerza.

La situación de hoy, naturalmente, es diferente, pero aun, así hay que seguir hablando de la “razón de la fuerza” en la actual jurisprudencia, no ciertamente de la fuerza bruta, sino de la fuerza de los votos que son  en definitiva en los que se sustancia los estados modernos, de tal modo, que los derechos quedan supeditados a los votos que en manera alguna nos remiten a ese absoluto moral, expresado a través de la ley natural, en la cual debiera descansar todo ordenamiento jurídico, con lo cual hemos retrocedido varios siglos y en lugar de tener a Dios como supremo legislador  ahora estamos en las manos caprichosas del advenedizo de turno.

El fracaso de las instituciones es evidente, sobre todo por lo que a España se refiere, donde no hemos hecho otra cosa que cosechar corrupción, depravación y deshumanización, tanto si gobernaba el PP como si gobernaba el PSOE, lo que ha dado pie para que algunos comiencen a hablar de estado fallido.

La indignación es tanta, que obliga a pensar  que tiene que haber algún tipo de mecanismo en forma de revolución pacífica, que nos permita recuperar lo perdido y haga posible que la vida política de nuestra nación y la de todo Europa vuelva a tener como norma suprema de referencia la ley de Dios.

Esta aspiración hoy por hoy  puede resultar algo utópica, pero cada día que pase y a medida que la ciudadanía vaya despertando, lo irá siendo menos.

Ángel Gutierrez Sanz ( El Correo de España )