Los compromisos políticos asumidos por Unidas Podemos con ERC, a cambio de su apoyo a los Presupuestos, son una amenaza directa al Estado de Derecho. No hay antecedentes de un gobierno que, como el de Pedro Sánchez, haya puesto la estabilidad del Poder Judicial tan al borde de la quiebra.

Por eso, aunque sea Pablo Iglesias la voz cantante de las ofensivas contra la independencia de los jueces, el autogobierno del Poder Judicial y la impunidad del golpismo, es el presidente del Ejecutivo quien debe ser señalado como responsable de esta fractura institucional.

La coalición paralela liderada por Iglesias, con ERC y EH Bildu, tiene unos precios que el vicepresidente segundo quiere que el Gobierno pague sin demora.

Los votos de los republicanos catalanes tienen el precio de unos indultos inmediatos, sin demora, para todos los presos condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el golpe separatista del 1-O. Iglesias pretende que el Gobierno indulte a Oriol Junqueras y sus compañeros de asonada sin esperar a los informes preceptivos del tribunal sentenciador y de la Fiscalía, lo cual, además de una ilegalidad, es un insulto a ambas instituciones.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tendrá que dejar de comportarse como si no pasara nada y asumir que él es el responsable político inmediato de la tramitación de esos indultos, por tanto, el que tiene que trasladar a la Fiscalía y al TS los papeles que Iglesias les quiere hurtar.

Por burda que sea la pretensión de Iglesias, el presidente del Gobierno queda ya emplazado para dar una respuesta, porque el chantaje de votos por indultos lo lidera su propio vicepresidente, no un golpista encarcelado.

Hasta este nivel ha llegado la degradación democrática del Gobierno, aunque para Iglesias no es suficiente con los indultos. También presiona a Sánchez para que la reforma a la baja del delito de sedición sea una realidad antes de fin de año, con la opción de introducirla incluso en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, para que se tramite con las restricciones parlamentarias propias de las cuentas públicas anuales.

De esta manera, el Gobierno se ahorraría los informes de los órganos consultivos, como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el CGPJ. Sería un fraude constitucional sin paliativos que el TC ha denunciado en más de una ocasión.

Además, la reforma del delito de sedición está basada en tres mentiras: no es un delito decimonónico, porque fue regulado en el Código Penal de 1995; no lo exige la UE, que ya ha declarado que es un asunto interno de cada país; y en absoluto es un delito castigado levemente en el resto de países europeos.

A la impunidad del golpismo separatista que pretende Pablo Iglesias se unió ayer otro asalto al CGPJ, con una proposición de ley con la que el PSOE y Podemos quieren evitar que este órgano siga nombrando magistrados del TS mientras no se renueve.

El planteamiento de ambos partidos, además de un atajo para evitar otra vez los informes de los órganos consultivos al no tener carácter de proyecto del Gobierno, es una arbitrariedad absoluta, que no persigue más que la congelación de las vacantes en las Salas del Supremo con la esperanza de que el nuevo CGPJ tenga una mayoría izquierdista y sectaria que se haga con ellas.

Esa UE en la que tanto se escuda Sánchez para disfrazar sus falsedades ya le ha dicho al Gobierno que lo tiene en el foco por amenazar la independencia judicial. Esta proposición de ley es una vuelta de tuerca más en la guerra sin cuartel de la izquierda contra el Estado de Derecho.

ABC

viñeta de Linda Galmor