Las fiscalías de la Comunidad Valenciana y Baleares ya tienen redactado para su aplicación un protocolo para perseguir en sus ámbitos territoriales la ocupación de viviendas, que como venimos insistiendo desde estas páginas se trata de un problema que crece exponencialmente debido al escaso armazón legal del que disponen los propietarios para defenderse de una usurpación de un inmueble.

Debería haber sido la Fiscalía General del Estado la que a estas alturas (y dado de que no es un fenómeno nuevo) tendría que haber tomado la delantera en esta lucha. Pero no cabe esperar diligencia alguna de Dolores Delgado, toda vez que es difícil que la exministra de Sánchez se aparte un centímetro de las consignas (recuerden ese «¿Quién manda en la Fiscalía? Pues eso?») que lanza el Gobierno al que ella perteneció.

Y el Ejecutivo socialista en vez de aportar soluciones en defensa del derecho a la propiedad privada de los ciudadanos, arrastra el típico complejo de la izquierda que, mezclando churras y merinas, no deja de proyectar una mirada de comprensión a los okupas, confundiendo el problema del acceso a la vivienda y de la pobreza en un sector de la sociedad (que existe pero se ha de atajar de otra manera) con el pingüe negocio que las mafias tienen montado, un verdadero tinglado delictivo que les hace disponer de un extenso parque de viviendas asaltadas que luego van realquilando.

Según algunos estudios, el 75 por ciento de las ocupaciones ilegales de viviendas de Madrid son cometidas por grupos organizados. Más allá de la agresión al derecho a la propiedad privada, muchas de estas ocupaciones llevan aparejadas la degradación no solo del inmueble en cuestión sino del barrio o sus alrededores (hay edificios enteros con okupas), amén de un aumento de la inseguridad ciudadana en la zona.

Lo cierto es que aunque haya que celebrar estos tímidos avances de las fiscalías territoriales, lo más urgente es reformar la ley, agilizando los alzamientos (que hoy por hoy se eternizan en los juzgados) y endureciendo el castigo y la sanción a los okupas, sobre todo a las mafias, para que no se extienda por más tiempo la impunidad que planea socialmente en este asunto y que además actúa como un «efecto llamada» para que esta lacra siga creciendo.

Lo más apremiante es que el Gobierno se deje de pamplinas y verborrea sentimental y comprensiva y comience a entender que se trata de un grave problema social. Mientras el Ejecutivo siga satisfecho con la legislación actual, solo conseguirá que las 100.000 viviendas que se estima que están ahora en manos de los okupas sean muchas más en el futuro inmediato. A que en este asunto despierte Sánchez nada ayudan los compañeros elegidos para su segunda estancia en La Moncloa.

En Podemos son unos entusiastas del fenómeno okupa y en algunos municipios bajo su mando (como en la Barcelona de Ada Colau) solo les falta entregarles las llaves de oro de la ciudad.

ABC