La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de citar como investigada –imputada- a Mónica Oltra no solo abre una crisis política en el Gobierno de Ximo Puig, sino que retrata la hipocresía con que partidos de la extrema izquierda como Compromís abordan las exigencias de una sana ética pública.

Si un partido como este, ahora vinculado por empatía al sucedáneo de Podemos que Yolanda Díaz quiere fundar, consiente que Oltra continúe en sus cargos, solo perderá más credibilidad. En realidad Compromís es Oltra, con lo cual difícilmente se condenará a sí misma dimitiendo, aunque eso sería lo coherente si atendiera a su propia filosofía de perseguir a cargos imputados hasta conseguir su criminalización gratuita y su muerte política.

Pero para Oltra, eso solo vale cuando son otros los imputados.

Oltra, como toda la esfera de partidos a la izquierda del PSOE, siempre aplican una doble vara ética de medir, una ley del embudo según la cual si sus dirigentes son imputados, procesados o condenados, jamás tienen que asumir responsabilidades políticas.

Cuando algún cargo de la derecha es sometido a investigaciones penales, la respuesta es perseguirlo y acosarlo en una cacería sin final hasta destruirlo, sin darle siquiera opción a defenderse. Sea culpable o inocente, porque eso es lo de menos.

En cambio, cuando es la izquierda quien resulta investigada por los Tribunales, lo que procede es perseguir a los jueces y estigmatizarlos por osar indagar en la actividad de unos demócratas de ley. Esa es la destructiva práctica habitual de Podemos, Compromís, En Comú Podem o Más País.

Primero recrean un engañoso discurso repleto de buenas palabras y códigos éticos basados en la regeneración de la vida pública, la transparencia, la limpieza democrática, y la exigencia de ejemplaridad; y después, cuando patean a policías, estafan a Hacienda, cobran becas de manera ilegal, tienen asistentes sin Seguridad Social, o encubren graves delitos sexuales para proteger su carrera política, como en el caso de Oltra, son víctimas de un sistema injusto, represivo y de casta.

Si en algo incurren, aparte de en presuntos delitos, es en una ostentación de cinismo que les aferra en sus cargos contra sus propios principios. Ahí están los ejemplos de Ada Colau, Errejón, Alberto Rodríguez, Juan Carlos Monedero, Isabel Serra o Pablo Echenique.

La moral, como exigencia a los demás, y la inmoralidad como seña de identidad propia.

Hoy Oltra es una presunta delincuente. Y es presunta pese a que ella jamás utilizó esa expresión cuando acusaba, con pruebas o sin ellas, a dirigentes del PP, alguno de ellos ya fallecido como Rita Barberá. A Oltra le corresponde la misma presunción de inocencia que siempre negó a sus oponentes.

En su conducta hay indicios de relevancia penal cuando, usando su cargo, maquinó una red con una docena de funcionarios para encubrir y tapar la agresión sexual de su exmarido a una menor de catorce años tutelada por la Generalitat.

Usó su despacho para crear un manto de impunidad sobre un asunto tan turbio que avergonzaría a cualquiera que se autodenominase feminista. Técnicamente, la menor dependía de Oltra. Pero este tipo de delitos sexuales solo parece adquirir gravedad cuando no es un alto cargo de la izquierda el implicado.

Cuestión de ideologización del Código Penal. Es sencillo lanzar soflamas sobre cómo ha de ejercerse la política, cómo ha de ser la sociedad, cómo debe actuar la oposición. Lo difícil es dimitir cuando se hace todo lo contrario a lo que se piensa.

No tendrá fácil Yolanda Díaz conformar su proyecto político. Ha sido fotografiarse con Colau o con Oltra… y ser imputadas.

Podrán presumir de sonrisas, pero ya no de ejemplaridad por muy absueltas que lleguen a estar.

ABC