El Gobierno ha dado por buena aquella vieja máxima de que «hecha la ley, hecha la trampa». No deja de tener cierto descaro que sea el propio Ministerio de Sanidad quien, al imponer el estado de alarma para la Comunidad de Madrid durante dos semanas, admita sin sonrojo que lo hizo con datos desactualizados del pasado 4 de octubre y sin tener en cuenta la evolución razonablemente favorable de la pandemia en la capital, mientras ni siquiera sopesa como mera teoría la posibilidad de aprobar un decreto idéntico para Navarra o para Cataluña, donde los brotes están incontrolados.

Madrid siempre fue pieza de caza mayor para Sánchez, y después de 25 años sin que el PSOE gobierne la comunidad porque las urnas siempre se lo han negado, La Moncloa ha convertido en una necesidad táctica tumbar a la desesperada al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

No parece razonable desde un punto de vista técnico-sanitario que Madrid sufra un cerrojazo político e ideológico, y que Sánchez no se atreva a dar el paso con otras comunidades donde la preocupación vírica crece por días.

Además, Sánchez incurre en un llamativo cinismo cuando sugiere que ese estado de alarma probablemente no dure más de catorce días. No se trata de una expectativa basada en la esperanza de que la transmisión comunitaria decrezca -ojalá lo haga cuanto antes, y de manera definitiva-, sino de las dificultades que tendría Sánchez para conseguir los votos necesarios en el Congreso para prorrogar esta excepcionalidad.

No solo es extraño que lo que resulta útil para Madrid no lo sea para otras ciudades con una tasa creciente de infecciones; lo verdaderamente revelador es que el Gobierno admita que su potestad para ampliar la alarma no sería fácilmente ratificada en sede parlamentaria. Alguna información tiene Sánchez en este sentido que oculta a todos los españoles.

El margen de maniobra que el Gobierno ha dejado a Díaz Ayuso en su campaña de derribo es mínimo. No obstante, los próximos días serán determinantes para esclarecer si, como parece, se trata de una operación política contra el PP, o si de verdad a Sánchez le guiaba una preocupación sanitaria. Insinuar, como ha hecho de modo oculto La Moncloa a través de filtraciones periodísticas, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid prevaricó al dictar una resolución a la medida de Ayuso, es preocupante y revelador de lo poco que cree Sánchez en la democracia.

Pero si en los próximos cinco días el nivel de contagios cae por debajo de 500 por cada 100.000 habitantes, Sánchez no debería tener excusa para levantar la intervención sobre Madrid. Aunque para ello, antes deberán regresar algunos ministros del puente festivo que han negado a los madrileños, y que han diseñado a la medida de su disfrute con agendas artificiales, irrelevantes o falsas.

Todo en Sánchez está trufado de un oportunismo mezquino.

ABC