Cuando meses atrás La Moncloa puso en marcha su ‘Comisión permanente contra la Desinformación’, esa especie de ‘ministerio de la verdad’ en busca de noticias falsas en los medios de comunicación, lo hizo con todo tipo de aparentes alardes de transparencia.

Hoy, el tiempo demuestra que ese núcleo de espionaje a periodistas en La Moncloa es de todo menos transparente. Ni siquiera el Gobierno ha considerado oportuno informar de qué personas concretas configuran esa comisión, en qué consiste la pomposa ‘Estrategia Nacional contra la Desinformación’, qué trabajos están realizando, y cómo y quién decide qué es una fake new o qué no lo es.

Ocurrió lo mismo cuando Pedro Sánchez se negó una y otra vez a revelar el nombre de los expertos que le asesoraban en la desescalada de la pandemia. Es grave. España empieza a dejar de ser un Estado de Derecho para convertirse en un Estado intervenido.

Sin luz ni taquígrafos, como se corresponde con las conductas autoritarias.

ABC