El Consejo de Ministros remitió ayer al Congreso el listado de los 34.961 bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, y ahora se harán públicos para que los reclamen aquellos entes que crean disponer de derechos de propiedad sobre ellos.

El dato permite concluir que el Gobierno ha abierto de facto un nuevo proceso de desamortización, y refrenda su estrategia de persecución ideológica a la Iglesia, incluso aunque se calcule que no podrán ser reclamados más de 4.000 o se haya demostrado ya que jamás se hizo nada ilegal.

Otros cálculos apuntan a que solo merecerá discusión jurídica el 0,1 por ciento de los casos, de modo que esta operación propagandística del Gobierno quedará con el tiempo en nada.

Eso sí, a Moncloa le basta con la injusticia jurídica y moral de señalar a la Iglesia como una suerte de okupa que se apropia de lo que no es suyo.

Nada es más falso y nada más cínico por parte de quien sí legisla en favor de verdaderos okupas y delincuentes.

ABC