A priori, la aprobación de los primeros Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez lleva camino de convertirse en un mero trámite parlamentario, y no le ocurrirá lo mismo que en febrero de 2019, cuando sus socios de ERC tumbaron el proyecto de ley y forzaron la convocatoria de elecciones.

Con su probable aprobación, Sánchez contará con unas nuevas cuentas públicas, dará por superada la vigencia de las aprobadas por Mariano Rajoy, y se garantizará un mínimo de dos años más de legislatura. Sin embargo, estos presupuestos son una mala noticia en un doble sentido: políticamente, porque Sánchez ha optado por sus socios independentistas de siempre, y porque ha sumado a Bildu a su entente con un arrobo impropio de un Gobierno democrático.

Y económicamente, porque la previsión de crecer un 9 por ciento con un déficit del 7 parte de una premisa falsa que no solo ha sido puesta en duda, sino abiertamente desmentida, por la UE, el Banco de España, la Airef, el empresariado…

No serán unas cuentas «progresistas» nutridas de fondos europeos gratuitos, como pretende hacer creer el Gobierno, sino una losa para la clase media en forma de impuestos masivos, endeudamiento para las futuras generaciones y nula creación de empleo.

A la hora de defender su proyecto, la ministra de Hacienda anunció la inmediata bajada del IVA de las mascarillas protectoras contra el Covid del 21 por ciento actual al 4 por ciento. Es cierto que era una creciente exigencia ciudadana, y que el Gobierno no quería dejar de ingresar unos 1.500 millones por ello.

Pero también lo es que hasta unos minutos antes del anuncio, varios ministros y la portavoz socialista Adriana Lastra sostenían sin rubor que era ilegal y que Europa lo prohibía. Lo que era ilegal a las ocho de la mañana, ya era legal a las doce porque Sánchez ya no hace política, sino magia.

O sencillamente, porque miente sin aplicarse a sí mismo su propia doctrina contra las noticias falsas. El afán propagandístico de Sánchez añade cada día más impunidad a esta «nueva normalidad», hasta el punto de que a partir de ahora será «normal» ver a Arnaldo Otegui «liderando la dirección del Estado», en ofensiva expresión utilizada ayer por Pablo Iglesias.

El Ejecutivo necesitaba un titular demagógico con el que maquillar la humillación de pactar con Bildu, y ayer lo consiguió aun a costa de haber engañado a los españoles durante meses con el IVA de lujo aplicado a las mascarillas, y después de demostrar tal descoordinación interna, que solo unos minutos antes del anuncio de María Jesús Montero, PSOE y Podemos habían votado en contra de reducir ese IVA.

Con Bildu y ERC, Sánchez no ha dejado margen de maniobra a Ciudadanos, que ahora ni siquiera sabe cómo rectificar su acercamiento —y sumisión— al PSOE. Inés Arrimadas busca la coartada que le permita impedir una rebelión interna porque en el fondo es su liderazgo, y no solo su estrategia, lo que está en cuestión.

Ahora alega que su defensa del castellano en las aulas es irrenunciable, o que es un partido antitético de ERC o Bildu. Es natural. Lo sorprendente es que llevara meses subordinada al PSOE con tal de desmarcarse del PP, porque en ese tiempo Sánchez e Iglesias nunca cejaron de cortejar a Bildu o ERC mientras Arrimadas asentía.

Quien cambió fue Ciudadanos con su improvisada reconversión al «nuevo progresismo» hasta ser un juguete roto en manos de Sánchez, y ahora desconoce cómo revertir tanto desgaste e incoherencia. Además, Sánchez nunca necesitó a Ciudadanos para su operación de desmontaje institucional del Estado, lo que añade un plus de torpeza a la gestión de Arrimadas.

Lo más grave de estos presupuestos es que a partir de primavera seremos todos los ciudadanos quienes financiemos ese desmontaje con nuestro bolsillo y con el aval parlamentario de los odiadores de España.

ABC